La propuesta del senador de Compromís, Carles Mulet, de prohibir durante tres años la venta de casas y pisos a extranjeros -una enmienda que ha presentado a la Ley de Vivienda- tendría un impacto gigantesco en la economía alicantina, tanto para el sector privado como para el público. Según los datos del Colegio Notarial de Valencia, en el año 2022 se realizaron 31.691 operaciones de compraventa de inmuebles a ciudadanos extranjeros en la provincia, con una media de 175.636,25 euros por transacción.

Esto quiere decir que el volumen de dinero que se movió solo el año pasado fue superior a los 5.600 millones de euros. Una parte muy importante de ese dinero se ingresa directamente en las arcas de las administraciones públicas, porque se estima que aproximadamente un 30 % del importe que se mueve en una operación de compraventa son impuestos. 

El dato de la provincia de Alicante es muy superior a los registrados en Valencia y Castellón: en la primera se formalizaron 9.637 transacciones con extranjeros durante el año pasado, y en la segunda 2.906; es decir, la suma de las dos no supone ni la mitad del volumen de negocio de Alicante.

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Un dato interesante es que, en el caso de Valencia, los datos respecto al cliente nacional sí es algo superior al de Alicante (35.744 frente a 29.082), por lo que la enmienda de Mulet afectaría fundamentalmente al sur de la Comunidad. 

Es más: la idea de Compromís llega en un momento clave para el sector inmobiliario en Alicante. El año pasado la provincia cerró con el mayor número de ventas por habitante de toda España, recuperando la primera posición que le había arrebatado Málaga. La cifra total de operaciones si sumamos clientes nacionales y extranjeros, casi 50.000, supone un récord desde el estallido de la pandemia. 

Pero es que además el sector de la construcción está experimentando un nuevo boom en el arranque de 2023, según los datos del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de la provincia.

En concreto, la cifra de visados de viviendas iniciadas en el primer trimestre supone un crecimiento del 22 % sobre las 1.651 viviendas del trimestre pasado, que ya fueron la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, y un considerable 52 % sobre las 1.325 del primer trimestre de 2022. Unos datos muy positivos para el sector.

Las zonas con mayor volumen son la Vega Baja y las Marinas, mientras que Orihuela y Benidorm son los dos municipios con un mayor número de viviendas iniciadas (525 y 288, respectivamente). En cuanto a las cifras por municipios, destaca Orihuela con 525 viviendas iniciadas en el trimestre y Benidorm, que se sitúa en segundo lugar con 288 viviendas.

"Es un absurdo, reduciría la oferta"

Para justificar su enmienda, Compromís asegura que la Ley de Vivienda del Gobierno "supone un avance en política habitacional, pero se ha quedado corta en medidas como controlar el abuso de los fondos buitres, prácticas de especulación, el fenómeno de los apartamentos turísticos descontrolados que revientan el mercado del alquiler o la falta efectiva de medidas para las zonas rurales".

Al respecto, presidente de la asociación de viviendas turísticas de la Comunidad Valenciana (Aptur-CV), Miguel Ángel Sotillos, calificó de "absurdo" el planteamiento del senador, al asegurar que "produciría el efecto contrario al que pretende". 

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"La experiencia nos ha demostrado que todo lo que sea restringir la libertad de uso de un inmueble acaba con esa vivienda fuera del mercado", añadió. "Es más: este tipo de medidas lo que promueven es un mercado alternativo, porque si, por ejemplo, a un propietario no le dejas alquilar su piso, va a acabar haciéndolo en negro. Y llevamos muchos años luchando contra ese tipo de prácticas como para que ahora las leyes vayan por ese camino". 

En opinión de Sotillos, la medida de Compromís podría suponer "un freno inexplicable a la economía"; tanto por el dinero que "mueve el sector, como su aportación al PIB como el dinero que se genera en impuestos, que no es precisamente poco". "Por no decir que sería absolutamente inviable en un país europeo: ¿va a permitir la Unión que se discrimine a parte de sus ciudadanos son ningún tipo de criterio?", se ha preguntado.