El senador de Compromís Carles Mulet ha propuesto este miércoles la creación de un nuevo artículo en la Ley de Vivienda con el objetivo de "acabar con el  flipping inmobiliario", es decir, "sacar un rápido beneficio de la venta de viviendas acabadas de comprar". En concreto, la enmienda de Compromís pide crear nuevo impuesto que penalice las ventas de aquellas viviendas compradas en un plazo inferior a 18 meses antes de la nueva operación.

"Este impuesto se aplicaría progresivamente al incremento del precio de venta del inmueble respecto al precio que fue adquirido", ha explicado la formación valencianista en un comunicado. "Y este impuesto no será de aplicación en aquellos casos acreditados de cambios circunstanciales (ampliación de la familia, divorcios, cambios laborales, o emergencias económicas), siempre y cuando no se haya  procedido a la venta de otra vivienda durante los últimos 18 meses".

Para Mulet, "en esta ley todavía en tramitación hemos de decidir si estamos hablando de la vivienda como derecho o como un bien de mercado o inversión, el problema radica cuando lo segundo impide lo primero y es imposible la convivencia de los dos supuestos; cuando se especula con la vivienda, cuando se convierte en un bien de mercado, se priva a miles de personas a tener ese derecho, y se convierte en un bien inalcanzable para demasiada gente".

[Compromís tumbaría un negocio de 5.600 millones en Alicante con la prohibición de vender pisos a extranjeros]

El senador ha manifestado que, "hasta que la vivienda no sea asequible, la venta de esta se ha de blindar para vivir, no para especular, invertir o revenderla, por eso hemos de apostar por medidas como el impuesto contra el flipping que se aplica en Canadá o Países Bajos, para que deje de ser rentable comprar viviendas para revenderlas en un corto periodo de tiempo".

Esta propuesta de Mulet se suma a la realizada este martes, en la que pedía prohibir durante tres años la venta de viviendas a ciudadanos extranjeros. El político mencionaba Canadá, donde se ha dado el visto bueno a una medida similar (aunque durante dos años), y aseguraba que el objetivo era "impedir la especulación inmobiliaria". 

Esta prohibición afectaría fundamentalmente a la provincia de Alicante, que lidera la venta de casas a extranjeros. Como ha publicado EL ESPAÑOL, el año pasado se hicieron más de 30.000 transacciones de este tipo en el sur de la Comunidad Valenciana, con un volumen de más de 5.600 millones de euros, según los datos del Colegio Notarial de Valencia (175.636,25 euros por operación). La cifras de Alicante suponen triplicar la suma de las que se hicieron en Valencia y Castellón juntas.