La Oficina del Tribunal del Jurado de la Audiencia de Alicante ha aplazado hasta el martes día 11 la celebración de la vista de excusas de los preseleccionados para formar parte del jurado popular que volverá a enjuiciar a Miguel López como acusado por la muerte de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala.

El desarrollo de esa vista había quedado prefijada inicialmente para este lunes, día 3, pero ha quedado pospuesta por cuestiones de agenda y la necesidad de cumplir los plazos de convocatoria requeridos, han precisado fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Se prevé que, tras esa vista de excusas, se pueda celebrar un segundo sorteo para completar la selección de los aspirantes a formar parte del jurado, toda vez que ya se habría podido constatar que no está garantizada la cobertura de las veinte personas que resultan necesarias para formar parte del jurado. Así, según fuentes consultadas, no se habría conseguido localizar a parte de los 36 aspirantes preseleccionados durante el primer sorteo.

Además, se estima que podría producirse la aceptación de las excusas aportadas por otros candidatos en la medida en que las causas alegadas se ajustan a los supuestos previstos en la Ley del Jurado.

Entre ellas, ser mayor de 65 años, residir fuera del país, haber formado parte de un jurado popular durante los últimos cuatro años o desempeñar una profesión de interés público de imposible o compleja sustitución.

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Esos 20 precandidatos serán los que, finalmente, se someterán a las preguntas de las acusaciones y de la defensa, durante el proceso de constitución del jurado, en la primera jornada del juicio.

La repetición del juicio por el llamado caso Sala se celebrará entre el 3 y el 25 de mayo, después de que el Tribunal Supremo (TS) aceptase el recurso de casación presentado por la acusación particular, ejercida por el hijo primogénito del matrimonio Sala Martínez, Vicente Sala Martínez.

Tras el análisis de ese recurso, el alto tribunal anuló la sentencia absolutoria dictada en noviembre de 2019 al considerar que se habían registrado anomalías en la devolución del acta del primer veredicto emitido por el jurado popular en el primer juicio. Además, ese acta se destruyó de manera indebida sin que se permitiese su consulta a las partes.

La muerte de María del Carmen Martínez se produjo tras recibir dos disparos en la cabeza, el 9 de diciembre de 2016, en el lavacoches de un concesionario de vehículos de la ciudad de Alicante, entonces propiedad de la familia Sala-Martínez, regentado por el único acusado.