Un hombre de 38 años residente en Alicante ha sido detenido como el causante del accidente de tráfico en el que murió el pasado 13 de marzo una mujer de 69 años de nacionalidad francesa en la AP-7 en Los Alcázares (Murcia), ha informado la Guardia Civil, que ya lo ha puesto a disposición judicial en San Javier.

Al varón se le atribuyen los delitos de homicidio imprudente y contra la seguridad vial por conducir bebido y drogado, según la Benemérita.

El accidente se había producido cuando el vehículo del luego detenido, un turismo de alta gama, colisionó por alcance contra el que le precedía, que circulaba correctamente, salió proyectado hacia la derecha y se salió de la vía, chocó contra la barrera metálica de protección y cayó por un desnivel donde tras volcar quedó con las ruedas hacia arriba.

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El turismo alcanzado iba conducido por un varón de 52 años, que resultó herido leve, y ocupado por la mujer que murió en el acto, mientras que el turismo infractor estaba ocupado por dos varones que resultaron heridos leves.

Elude el juicio

Por otro lado, un hombre acusado de seguir cobrando de forma indebida la pensión de jubilación de su abuela durante 13 años a pesar de que esta ya había fallecido ha negociado este lunes un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que aceptaría la autoría del delito de estafa que se le atribuye.

Así, ha eludido la celebración del juicio señalado para hoy, día 3 de abril, en la Audiencia de Alicante, que ha quedado suspendido, han informado fuentes judiciales. La formalización del pacto de conformidad ha quedado aplazada hasta el próximo día 14, con el fin de confirmar que el procesado ha depositado de manera efectiva la mitad de la suma prevista en concepto de responsabilidad civil en el escrito de acusación inicial de la Fiscalía.

En ese primer planteamiento, el Ministerio Público solicitaba que se condenase al procesado a una pena de tres años y medio de prisión como responsable del delito de estafa y, en concreto, cifraba el importe del fraude en 85.787 euros por el periodo en el que el encausado continuó percibiendo la pensión de su abuela de manera irregular, entre 2000 y 2013.

Fuentes jurídicas consultadas han señalado que la nueva pena planteada para el acusado se concretará en el margen de 11 días, ya que podría quedar sujeta a variaciones.

Al mismo tiempo, el fiscal consideraba inicialmente que la entidad bancaria que abonaba la prestación con cargo a la Tesorería de la Seguridad Social debía responder como responsable civil subsidiaria al entender que no cumplió con su obligación de control.