La Guardia Civil, en colaboración con la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana, ha detenido a una farmacéutica y otras seis personas han sido investigadas. A todos ellos, según su grado de participación, se les han imputado los delitos de fraude a la Seguridad Social, contra la salud pública, falsificación de documento público y contra la intimidad.

Las investigaciones se iniciaron en el mes de octubre de 2022, cuando miembros del Área de Inspección de Farmacia, perteneciente a la Conselleria de Sanidad, se percataron de que una farmacia de un municipio de la comarca del Condado de Cocentaina estaba teniendo un comercio inusual en lo referente a ventas de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud. Esto motivó una primera inspección, en la cual los inspectores identificaron diversas irregularidades de carácter administrativo.

A raíz de estas anomalías, el Departamento de Farmacia y Ordenación Sanitaria de la Dirección Territorial de Sanidad de Alicante dio cuenta a la Guardia Civil y solicitó acompañamiento para una nueva inspección.

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Durante el mismo mes, se realizó una nueva inspección al mismo establecimiento, donde los inspectores de Sanidad acudieron acompañados de agentes del Equipo Territorial de la Policía Judicial de Villena. En esta nueva visita fueron incautadas diversas tarjetas magnéticas clonadas con información sanitaria de pacientes de la Generalitat Valenciana y multitud de cajas de medicación sin código de barras, conocido como cupón precinto.

Dentro de las instalaciones, existían diferentes habitaciones donde se acumulaban los medicamentos supuestamente dispensados en compañía de medicación caducada y al lado de productos químicos de limpieza, incumpliendo por tanto la legislación que regula su almacenamiento. También se halló una base de datos con información personal de internos de varias residencias de la provincia de Alicante.

Durante la inspección, se identificó a una amiga de la titular de la farmacia que estaba abandonando el establecimiento portando una caja, conteniendo en su interior más tarjetas magnéticas disponibles para ser clonadas, un archivador con informes médicos de pacientes y cierta documentación manuscrita a mano.

Inicio de la operación

Una vez recogida toda documentación y material intervenido en las inspecciones, los agentes dieron inicio a una operación con el propósito de esclarecer los hechos investigados, y en el caso de existir algún ilícito penal, dar con sus responsables.

Entre las dos inspecciones se incautaron casi 3.000 cajas de medicación facturada a la Seguridad Social con un valor de más de 39.000 euros, más de 500 tarjetas sanitarias clonadas y diversa documentación médica de pacientes de residencias.

Tarjetas clonadas intervenidas por los agentes.

Según avanzaba las investigaciones, los agentes detectaron el modus operandi que utilizaban desde la botica. Primero, con el conocimiento de cinco responsables de algunos centros de personas mayores o dependientes de la provincia de Alicante, se clonaban las tarjetas sanitarias.

Posteriormente se utilizaban las nuevas tarjetas para realizar dispensas simuladas, ya que realizaban la venta de la medicación a los titulares de las tarjetas a cargo del Sistema de Salud Nacional, pero el producto no era dispensado, más bien era apartado sin su cupón precinto. Y finalmente, con el conocimiento de la titular de la farmacia, se cargaba el gasto al Sistema de Salud Nacional, generando en el establecimiento un lucro económico ilícito.

Era tal el afán de facturar y lucrarse, que se dispensaban medicamentos a personas mayores que no tenían pautada dicha medicación facturada al Sistema Nacional de la Seguridad Social.

Por estos motivos, el día 19 de enero los agentes detuvieron a la farmacéutica e investigaron a otras seis personas, una amiga de la boticaria y cinco responsables de las residencias vinculadas a la misma, todos ellos sin antecedentes policiales por hechos similares.

A todos ellos, según su grado de participación, se les han imputado los delitos de fraude a la Seguridad Social, contra la salud pública y falsificación de documento público, además de contra la intimidad por la cesión, difusión y revelación de datos médicos personales sin autorización de sus titulares. 

Tanto de la detenida de 39 años de edad, como de los investigados de edades comprendidas entre los 37 y 87 años de edad, todos ellos españoles, se ha dado cuenta al Juzgado de Instrucción número 4 de Alcoy, que es quien entiende de la causa.