La Diputación de Alicante ha informado mediante un comunicado de que el Tribunal de Cuentas ha cerrado la instrucción en la investigación abierta en torno a la contabilidad del grupo popular en la institución provincial en el periodo 2015-2018 en la que concluye que no se aprecia responsabilidad contable alguna, rechazando, de esta forma, los argumentos esgrimidos por Compromís en la acción pública presentada ante este órgano fiscalizador.

El tribunal ha dictado, una vez examinada toda la documentación aportada por la institución provincial y realizadas las investigaciones pertinentes, un Acta de Liquidación Provisional donde afirma que los hechos valorados “no son susceptibles de generar un presunto alcance contable en los fondos públicos ya que, conforme se ha puesto de manifiesto, no cabe interpretar un ilícito contable”.

[Escalada de tensión en la Diputación de Alicante: Mazón, en el punto de mira de PSOE y Compromís]

El delegado instructor pone de manifiesto, al respecto, que el grupo popular reintegró las cantidades que se consideraron no justificadas -45.399 euros- en la auditoría externa que la propia Diputación encargó para fiscalizar las transferencias de fondos de los grupos políticos entre 2015-2018.

Fruto de esta auditoría y de la fiscalización realizada por el propio departamento de Intervención de la Diputación de Alicante, todos los grupos políticos de la Diputación presentaban gastos mal aplicados en ese periodo que debían reintegrar, algo que los populares realizaron el 3 de agosto de 2021 en cumplimiento del acuerdo plenario.

Las conclusiones de la instrucción realizada por el Tribunal de Cuentas rebaten, una vez más, la posición de Compromís en esta cuestión, como ya en su día hizo la Fiscalía Provincial de Alicante archivando la denuncia presentada por esta formación al entender que no existía ningún indicio delictivo.

El portavoz de Compromís en la institución provincial, Gerard Fullana, acusó al PP de no haber justificado los ingresos recibidos como grupo político entre los años 2007-2015.

[La Diputación reclama a la Generalitat la reapertura inmediata del CICU en Alicante]

Fullana hablaba de un total de 480.000 euros pero en su día ya le contestaron los tribunales administrativos que o habían prescrito o habían sido fiscalizados de acuerdo con la legislación vigente en aquella época.

Como ha venido relatando este diario, en una segunda denuncia los nacionalistas cuestionaron la justificación de ingresos realizados entre 2015 y 2018 por 447.791 euros.

Con el último dictamen judicial se acaba, por el momento, el mayor punto de tensión entre la oposición y el Gobierno de la Diputación de Alicante durante el presente mandato.