Un total de 42 personas de distintas nacionalidades (siete españoles, nueve indios, ocho paquistaníes, seis chinos, seis marroquíes, dos rumanos, un albanés, un senegalés, un dominicano y un argelino) han sido identificados este año 2022 con microcámaras pegadas al cuerpo en los exámenes de conducir de la Comunidad Valenciana. 

En concreto, se trataba de "un sofisticado sistema compuesto de una cámara con el objetivo camuflado en un botón de camisa o en dibujos llamativos de camisetas y sudaderas"; la Guardia Civil apunta que, como sistema novedoso, se ha detectado un caso en el que se ocultaba en el interior de una mascarilla tipo FFP2.

[Pilladas 5 personas copiando en el examen de conducir a través de dispositivos electrónicos en Valencia]

Además, en Valencia y Castellón, se sorprendió a dos hombres que se presentaron al examen suplantando a los que realmente debían realizarlo, por lo que los cuatro han sido puestos a disposición judicial como presuntos autoras de un delito de falsedad documental. Este delito cometido por particulares lleva aparejadas penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

El Sector de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana y las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Valencia, Alicante y Castellón, por los Grupos de Investigación y Análisis -GIAT- de cada provincia, es el encargado de vigilar que no se produzcan este tipo de prácticas en los exámenes para la obtención o recuperación del permiso de conducir.

Las mismas fuentes indicaron que las cámaras captaban las imágenes del cuestionario de preguntas que aparece en el monitor del ordenador de la DGT y a través de una conexión mediante telefonía móvil con otro dispositivo que se encuentra en el exterior, se reciben las respuestas a través de un micro-pinganillo que llevaban insertado en el oído, todo ello sin levantar sospecha alguna.

Nueva normativa

En el mes de marzo de 2022, con la entrada en vigor de una modificación de la Ley de Seguridad Vial, que entre otros amplía el artículo 77, se dotó de una nueva herramienta a la Dirección General de Tráfico.

Esta normativa incorporaba como infracción muy grave la utilización de dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente en las pruebas para la obtención y la recuperación de permisos o licencias de conducción u otras autorizaciones administrativas para conducir.

También se pena colaborar o asistir con la utilización de dichos dispositivos, sancionando al infractor con 500 euros de multa y la imposibilidad de presentarse a nuevo examen en un plazo de seis meses.