El presidente del PP de la Provincia de Alicante, Toni Pérez, ha pedido hoy al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig y a su consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que se posicionen "ante la situación de excarcelación de violadores que ha generado la Ley del solo sí es sí en la provincia de Alicante, donde ya se ha producido la primera puesta en libertad de un reo condenado".

Pérez ha lamentado que la situación de excarcelación "está teniendo nefastos efectos en la provincia". "Lo veíamos venir tras las nuevas medidas vergonzosas aprobadas por el Gobierno de España". "Alicante vuelve a la primera línea para mostrar que los condenados por agresiones sexuales pueden estar ya en la calle y así hay 200 condenas para revisar en toda la Comunidad Valenciana", ha lamentado Pérez.

[Primera rebaja por la Ley del 'solo sí es sí' en Alicante: de 6 a 4 años e inmediata excarcelación de un violador]

"Ximo Puig y la consellera de Justicia tienen que pronunciarse sobre estas excarcelaciones, ponerse en el lugar de las víctimas la derogación de esta ley de la vergüenza", ha añadido.

"Desde el PP de la Provincia de Alicante lamentamos que esto esté pasando y que pueda afectar a las 200 ejecutorias que hay ahora mismo en revisión por la Audiencia Provincial y que desde el Consell solo veamos silencio mientras los violadores salen a la calle".

Ha indicado que la ministra Irene Montero "debería ser destituida de manera fulminante, algo que el presidente de la Generalitat hoy mismo tendría que estar reclamando a sus jefes de Madrid", al considerar también "intolerable e indefendible que diga que el PP promueve la cultura de la violación".

Un caso de violación

Tal como ha informado EL ESPAÑOL, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Alicante ha dictado este jueves un auto por el que rebaja en dos años (de 6 a 4) la pena impuesta a un condenado por un delito de agresión sexual constitutivo de violación y acuerda su inmediata excarcelación. 

El Tribunal hizo constar expresamente en la sentencia que emitió el 2 de diciembre de 2010 que imponía al reo la "pena mínima" prevista por el legislador para ese delito, por lo que ahora aplica, al ser más favorable para él, la pena mínima que contempla para el mismo delito el Código Penal tras la reforma operada por la Ley 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual. 

El penado en este caso fue condenado, junto a otros acusados, a un total de 13 años, 9 meses y dos días de prisión desglosados de la siguiente manera: seis años y un día por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros por inmigración ilegal, seis años y un día por un delito de agresión sexual constitutivo de violación y un año, nueve meses y un día de prisión por un delito continuado de falsedad documental.