La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) y el partido animalista PACMA han presentado un escrito para formar parte como acusación popular del procedimiento que investiga la muerte, el pasado mes de agosto, de un perro supuestamente abandonado en la azotea de una vivienda en Torrevieja (Alicante) y que estuvo sin comida ni agua durante varios días. 

Al parecer, y según relata en un comunicado, PACMA denunció en redes sociales, en el mes de agosto, la situación de un can que "llevaba varios días encerrado en una azotea de Torrevieja a pleno sol, sin comida, ni agua, atado y sin tener acceso a ninguna zona donde resguardarse del calor sofocante de unas fechas, en las que las temperaturas máximas alcanzaban los 34 grados", recordaron.

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El partido animalista ha asegurado que este fallecimiento se produjo como consecuencia de la "inoperancia del Ayuntamiento y las autoridades policiales", que, según sostiene, "no rescataron al perro, pese a las reiteradas llamadas de alerta de los vecinos y aun teniendo la concejal de Protección Animal, Concha Sala, conocimiento de estos hechos".

"De hecho, los vecinos, impotentes, grabaron el momento exacto de su agónica muerte tras días de sufrimiento", ha afirmado en la nota de prensa.

La fundación y el partido animalista denunciarán penalmente a los responsables de esta situación: "En primer lugar, a los propietarios, y, en segundo, a aquellos que ostentaban el poder de evitar su muerte, teniendo las herramientas para hacerlo".

Parte a las autoridades

Desde el Ayuntamiento de Torrevieja han rechazado pronunciarse sobre este asunto del que ya informaron el pasado mes de agosto en un comunicado en el que expusieron que, desde el Consistorio, se dio parte a las autoridades, quienes intervinieron en "repetidas ocasiones, aplicando el protocolo que desde el Cuerpo de Seguridad tienen previsto para estos casos".

Varias veces, según la corporación local, representantes de la Concejalía competente acudieron a la vivienda en cuestión, tanto acompañados por miembros de la Policía como por su propia cuenta, para comprobar la situación que se estaba produciendo, aunque en ninguna ocasión se pudo acceder a ella por "no responder ninguna de las personas que allí viven".

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Las mismas fuentes aseguraron también entonces que el Ayuntamiento había puesto en conocimiento del juzgado estos hechos para que fuera esclarecidos.