Los juzgados de la Comunidad Valenciana están revisando actualmente 25 sentencias para ver si la aplicación de la Ley Orgánica 10/22 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del 'solo sí es sí", puede suponer una rebaja de la pena para las personas condenadas.

Son datos extraoficiales facilitados desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, después de consultar con las Presidencias de las Audiencias Provinciales de Castellón, Alicante y Valencia, instituciones que cuentan con dos, seis y cinco secciones penales, respectivamente.

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En concreto, y aunque "no consta hasta la fecha ningún auto que acuerde la modificación de penas ni, por consiguiente, la excarcelación de penados", se están revisando "bien de oficio bien a instancias de parte por solicitudes de penados", un total de 25 sentencias (cuatro en la de Castellón, 19 en la de Valencia y dos en la de Alicante).

Las mismas fuentes indicaron que "en 14 de estos casos ya se ha dado traslado a la Fiscalía y las partes personadas para que se pronuncien sobre si procede la modificación de las penas". "Una vez recibidos los informes de las partes, los tribunales dictarán las resoluciones que procedan", agregaron. Hasta ahora los fiscales no se han mostrado contrarios a la reducción de penas en muchos de los casos de reducción de penas que han salido a la luz. 

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Desde el TSJ recordaron que "estos datos no constituyen una estadística oficial al uso, sino que son provisionales y responden exclusivamente a las consultas que ha efectuado con los distintos órganos judiciales la Oficina de Comunicación" del alto tribunal autonómico. En otras palabras, que están sujetos a una modificación prácticamente diaria y que pueden aumentar.

Tensión política

En la Comunidad Valenciana la crisis causada a raíz de esta Ley ha provocado tensiones políticas entre los socios del tripartito que Gobierna en la Generalitat. Así, mientras la consellera de Justicia por el PSOE, la jueza Gabriela Bravo, abogaba por revisar la norma, el vicepresidente por Unidas Podemos, Héctor Illueca, le replicaba que el problema estaba en la judicatura. 

Sobre este tema se ha pronunciado también este jueves el jefe del Consell, Ximo Puig, quien ha defendido este jueves "actualizar" la llamada ley del 'solo sí es sí', de garantía integral de la libertad sexual, y hacerlo "sin generar más crispación" e "intranquilidad sobre el funcionamiento del Estado de derecho".

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Puig ha afirmado que "si finalmente se han producido efectos negativos -en la aplicación de esta ley- habrá que tomar consecuencias, y hacerlo sin generar más crispación", ha dicho. En esta línea, ha defendido "actualizar" la normativa para garantizar el objetivo final de la ley, que es proteger a la mujer contra la violencia de género, y hacerlo con las decisiones "que sean más eficaces", sin "dogmatismos", ha insistido.

Si la ley ha generado consecuencias "no deseadas", hay que actuar "en consecuencia", ha defendido Puig, para quien "si hay que corregir alguna cuestión, ello no tiene por qué afectar al objetivo básico".

Preguntado por las críticas de la ministra Montero a los jueces, ha asegurado: "Es admisible la libertad de expresión de los miembros del Gobierno, pero todos tenemos nuestra responsabilidad y tenemos que ser conscientes en cada momento de que no se trata de erosionar el funcionamiento del Estado de derecho".

"Hay veces, a todos nos pasa, que con unas declaraciones generamos intranquilidad respecto al funcionamiento del Estado de derecho", ha añadido Puig, que ha asegurado que una cosa es la libertad de discutir las sentencias de los jueces y otra "el respeto al funcionamiento del Estado de derecho". "Cada uno tiene su papel", ha añadido.

"Este país necesita, además de una larga conversación, serenarse. No podemos estar cada día como si se acabara el mundo (...) No se trata de generar más conflictos desde la política", ha añadido.