Tormenta política y económica en Alicante a raíz de las cifras publicadas por el Gobierno de España sobre las inversiones en 2023. El Ejecutivo destinará al territorio la menor cifra de su historia, algo más de 160 millones, un 12 % menos. Esto supone bajar por primera vez de los 90 euros por ciudadano. El año pasado Alicante fue la única provincia del país en la que cada empadronado tenía presupuestados menos de 100 euros. 

Lo que ha hecho el Gobierno de España es, además, aumentar la cantidad global en inversiones para la Comunidad Valenciana un 3 %, hasta los 1.269,46 millones de euros. Es decir, que Alicante recibirá un 12 % del dinero destinado a la autonomía cuando tiene casi el 40 % de la población, rozando los 1,9 millones de habitantes. 

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Es además, en el conjunto del país, la quinta provincia con más habitantes de España. El Ejecutivo tendría que haber triplicado las inversiones para que fuesen acordes al peso real de Alicante, y eso sin contar su población flotante ni la deuda acumulada en ejercicios anteriores.

Fuentes empresariales consultadas por EL ESPAÑOL explicaron que la decisión del Gobierno llega, además, en el peor momento: con una inflación desbocada y mucha incertidumbre, sobre todo en el plano energético. Desde varios sectores han reiterado por activa y pasiva que la falta de inversiones en la provincia le estaba restando competitividad, y que la brecha de la deuda histórica no dejaba de ampliarse.

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La noticia también desautoriza al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha convertido la lucha contra la infrafinanciación en una de las banderas de su discurso. Puig se debatirá ahora entre reivindicar el peso que merece la provincia de Alicante o agradecer el incremento en el montante global de inversiones que ha ido a parar a otras provincias. 

De hecho, el año pasado optó por una solución intermedia: aseguró que las cuentas eran "buenas" pero también reconoció el agravio al sur, y aseguró que se compensaría desde el Ejecutivo valenciano con otros fondos como con el reparto de los planes de recuperación que vienen de Europa. Por ahora, nada de esto se ha materializado. 

Menos inversión, menos renta

En este sentido, el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) tachó el dato de las inversiones de "inadmisible", y un disparo a la línea de flotación de la provincia en una situación especialmente delicada. 

En un comunicado, el lobby alicantino aseguró que estos presupuestos "van a enterrar el futuro de la provincia de Alicante". El Instituto considera que el proyecto de PGE que ha sido presentado esta mañana en el Congreso va a asfixiar a la provincia "al recibir 85,48 euros por habitante en inversiones cuando la media nacional es de 283,72 euros". Esta inversión nos sitúa en el último lugar de inversiones por habitante, lejos de la penúltima provincia que es Jaén con 110 euros. 

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"Un año más, la provincia de Alicante es ninguneada por la Administración central dejándola a la cola en inversiones, lo que acabará siendo una ruina para las empresas y ciudadanos de este territorio que ven como los trenes pasan de largo desde hace casi veinte años", agregaron las mismas fuentes.

El presidente de Ineca, Nacho Amirola, mostró su preocupación por unos PGE "alejados de la realidad" y manifestó que "los presupuestos son la herramienta perfecta de las administraciones para corregir desequilibrios y desigualdades, pero cuando marginan de manera constante a un territorio, como es nuestro caso, se convierten en instrumentos pesados que impiden el normal desarrollo de nuestra economía".

"Prueba de ello es que la renta per cápita de la provincia es una de las más bajas de España con 20.116 euros en 2019, cuando la media de España es de 26.417", agregó. El líder del Instituto señaló que "la continuada discriminación en los PGE -y el efecto arrastre de otras inversiones que suele conllevar- han provocado que la renta per cápita crezca en los últimos 19 años un 29,6% en la provincia cuando en España ha crecido un 39,52%".

Al respecto, Ineca exigió "a los representantes de todos los partidos políticos un frente común para instar al Gobierno central a incrementar de una manera justa las inversiones en la provincia de Alicante y reduzcan de manera equilibrada el agravio comparativo con otros territorios".

Las mismas fuentes precisaron que el déficit del Estado con la provincia de Alicante ascenderá, de cumplirse esta previsión, "a 3.539 millones de euros desde 2008, año en el que Ineca comenzó a realizar sus estudios".

En opinión del lobby, la provincia de Alicante "precisa de una inversión decidida en materia ferroviaria, viaria, aeroportuaria, portuaria, de recursos hídricos y medio ambiente, entre otros".