La portavoz adjunta del Grupo popular en las Cortes, Elena Bastidas, ha denunciado este sábado que los "impagos millonarios" de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que según afirma adeuda 16,7 millones de euros, "ahogan" a los centros de menores.

En un comunicado emitido por el partido, Elena Bastidas ha criticado el "continuo retraso" por parte de la Conselleria de Igualdad en los pagos de los 21 centros que tienen sus contratos expirados.

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Además, ha afirmado que adeuda 16,7 millones de euros a seis entidades de iniciativa social y sin ánimo de lucro por la gestión de hogares de acogida y residencias socioeducativas.

Estos impagos, ha indicado la portavoz popular, "ponen en riesgo la supervivencia de estas entidades sin ánimo de lucro que tienen problemas para hacer frente a los salarios de las plantillas y a los gastos".

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"No puede ser que el Consell de Puig lleve arrastrando durante años este problema. Debe adoptar de forma inmediata un mecanismo presupuestario para cubrir todas las subvenciones adscritas a estos centros y para tener al día los contratos que expiran", ha agregado.

Según Bastidas, tanto el Síndic de Greuges como Antifraude "ya han exigido a Igualdad que atienda estos pagos, pero hacen caso omiso y siguen sin resolver la situación".

"Es intolerable que dejen de pagar lo adeudado. ¿Qué pasaría si los consellers no hubieran cobrado su salario desde octubre del año pasado? Es escandalosa la situación mientras Ximo Puig y Aitana Mas no dicen nada, no sabemos si por desconocedores o por indolentes", ha denunciado.

Petición a Aitana Mas

En este sentido, ha pedido a la consellera Aitana Mas que "solvente de una vez los retrasos en la gestión y normalización de los contratos públicos pertinentes y proceda a abonar las deudas".

"Ximo Puig ahoga a estas entidades que atienden a más de medio millar de niños, niñas y adolescentes en situación vulnerable que se encuentran en el sistema de protección o cumpliendo medidas judiciales", ha aseverado.

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Estos retrasos, según ha indicado, "se suman a las deudas millonarias a entidades sociales que desarrollan programas de atención a las personas con discapacidad, problemas de salud mental, enfermedades neurodegenerativas, colectivos vulnerables, tercera edad y personas en riesgo de exclusión social".