Compromís ha solicitado en el Senado que la ley de Memoria Democrática incluya la restitución a su origen de los documentos, fondos y archivos que fueron incautados por la dictadura, y que en el caso de la Comunidad Valenciana hay constancia de más de 80 toneladas de fondos que se enviaron desde Vinaròs, Castelló, València y Alicante al Archivo de Salamanca.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha presentado enmiendas en este sentido porque, en su opinión, "es un robo y un expolio perpetrado por un régimen ilegal" de papeles de ayuntamientos, particulares, entidades políticas y sindicales.

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Reclama de la administración colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales en la conservación y mantenimiento de la documentación en información de cualquier tipo que obre en poder de las mismas que se refieran a la violencia y represión ejercidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Asimismo, insta a que se lleven a cabo las actuaciones necesarias para reunir y recuperar los documentos y testimonios orales de interés en esta materia y la creación de un programa, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, de adquisición o traslado de documentos referidos a la memoria democrática del Estado.

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Este material, dice Compromís, puede estar en archivos públicos o privados, nacionales o extranjeros y cuya relevancia pública, dificultad de acceso o peligro de desaparición así lo aconsejen.

Finalmente, propone "que se retornen a sus legítimos propietarios los fondos incautados por el franquismo que continúan en el Archivo General de la Guerra Civil", que efectuará copia de cada ejemplar retornado para facilitar su consulta.

También pide que se garantice el acceso del público interesado a los archivos públicos o privados con documentación susceptible de ser relevante para la memoria democrática del Estado español.

Pedro Sánchez logró recientemente desbloquear la mayoría suficiente mediante un pacto con EH Bildu, para investigar los "crímenes del franquismo" acaecidos hasta diciembre de 1983, cuando Felipe González ya llevaba un año en la presidencia.