Las seis empresas sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) esta semana por alterar licitaciones de obra pública participaron entre 2008 y 2017 en, al menos, proyectos por 291 millones de euros en la Comunidad Valenciana. Así se desprende del comunicado de la CNMC, donde se detalla un listado de las infraestructuras ejecutadas durante un periodo de ocho años, así como su importe de licitación. 

En total el órgano regulador de la competencia ha impuesto multas por un importe total de 203,6 millones de euros a las seis de las principales constructores españolas: Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHL (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).

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La CNMC asegura que estas compañías se reunían semanalmente desde 1992 para decidir cómo se repartían los contratos y sus ofertas. 

En el caso de la Comunidad Valenciana, el listado incluye un total de nueve trabajos: cuatro en Alicante (75,1 millones), tres en Valencia (108,6 millones) y dos en Castellón (107,3 millones). 

Lista de obras

En la primera provincia, se trata de la instalación de la Desaladora de Agua de Mar (IDAM) de Dénia por 34,3 millones; el tratamiento terciario de la depuradora de aguas residuales de Moraira e instalaciones para la reutilización de agua tratada (6,4 millones); el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel, con 16,6 millones; y las protecciones acústicas del nuevo acceso ferroviario de la Alta Velocidad en el tramo entre Monforte del Cid y Murcia (17,8 millones).

En Valencia, las obras adulteradas fueron el proyecto y construcción de la infraestructura y modificación de la rasante y cubrición de vía en el entorno de la estación de Benimamet (29,3 millones); la reordenación de la infraestraestructura hidráulica de la huerta y red de saneamiento del área metropolitana de Valencia, acequia Favara y colector oeste fase I (58,4 millones); y la ampliación de la capacidad de depuración de la depuradora de Sueca, por 20,9 millones.

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Finalmente, en Castellón solo hay dos obras, pero muy caras: la planta desaladora de Moncofa (53 millones) y la de Oropesa (54,3 millones), ambas con obras complementarias. 

Entre las Administraciones públicas afectadas por esta trama figuran las del ámbito de fomento, incluyendo al antiguo Ministerio de Fomento del Gobierno de España (actualmente es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), así como sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes.

Tal como publicó EL ESPAÑOL, la empresa Dragados ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la CNMC porque no están de acuerdo en la sanción impuesta ni en las acusaciones que se vierten contra ellos.