La Audiencia Provincial de Valencia juzga este jueves a un agente de la Policía Nacional, acusado de realizar más de 3.800 consultas de forma ilícita en bases de datos policiales.

La información que conseguía estaba relacionada con números de teléfono, antecedentes, atestados de violencia de género o identificación de vehículos sin que tuviese relación con su labor profesional. Según consta en el escrito de acusación del fiscal, este agente fue condenado en julio de 2021 por coacciones.

Las consultas supuestamente ilícitas se realizaron "utilizando de forma ilícita las bases de datos policiales, con incumplimiento de las obligaciones de secreto que debe presidir su actuación como agente de la autoridad en cuanto a la confidencialidad de los datos de carácter personal que conozca", siempre según el Ministerio Público.

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El origen de este caso fue una denuncia interpuesta por una mujer contra su expareja. El acusado, "al acceder a las bases de datos policiales, obtuvo información de carecer personal y del ámbito de la esfera de la privacidad e intimidad de la denunciante, que le permitió llegar hasta ella y cometer otro supuesto delito que no es objeto de la presente causa".

La mayoría de mujeres

Además, entre el 1 de enero de 2020 y el 11 de junio de 2020 (fecha en la que fue suspendido en funciones), haciendo uso de su usuario y contraseña accedió 3.889 consultas en varias bases de datos policiales para consultar placas de matrículas, la mayoría mujeres entre 18 y 45 años, sobre las que posteriormente indagó en otras plataformas policiales

El agente consultó, supuestamente, varios teléfonos de vecinas de su urbanización.

También consultó los números de teléfonos que se asocian a personas que ofrecen servicios sexuales y si obtenía un resultado positivo, las consultaba en otra base de datos del sistema de denuncias del Cuerpo Nacional de Policía, donde tenía acceso a atestados de violencia de género.

Las citadas bases de datos albergan información relativa a filiaciones, direcciones, números de teléfonos, denunciantes y denunciados, motivos expuestos, antecedentes, reseñas, señalamientos y medidas de actuación, todos ellos reservados, de utilidad policial y, en la mayoría de casos, de especial sensibilidad, pertenecientes a la administración y que afectan a la esfera íntima y personal de los consultados.

El acusado estaba destinado en una comisaría de València, en el grupo de informes, y su responsabilidad era la contestación de aquellos escritos judiciales recibidos en comisaría y la investigación de las denuncias de escasa entidad derivadas de la oficina de denuncias, por lo que no hay, a juicio del fiscal, "motivación lícita que avale las consultas anteriormente mencionadas".

En opinión del fiscal los hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, por los que pide una pena de 2 años y 9 meses de prisión e inhabilitación absoluta por plazo de 10 años.