El pasado 22 de abril se conoció que la Audiencia Provincial de Alicante archivaba las denuncias contra el alcalde de La Nucía y diputado provincial del PP, Bernabé Cano, tras una larga investigación sobre su vacunación de Covid-19. 

Con fecha de hoy, 5 de mayo, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha firmado el decreto por el que devuelve las competencias en el área de Deportes a Cano que le fueron retiradas en enero de 2021 tras las informaciones de que se podría haber vacunado de forma irregular.

Durante este tiempo, ha ejercido esas competencias el también popular alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, al que Mazón ha agradecido especialmente su dedicación y trabajo durante el último año. Dolón volverá a dedicarse en exclusiva a las áreas de Presidencia, Economía y Régimen Interior.

Fuentes del PP aseguran que no les preocupa en absoluto el anuncio de la Fiscalía de que está estudiando si recurre la decisión de la Audiencia, ya que el fallo de ésta fue contundente frente al Ministerio Fiscal.

De hecho, previamente se había cerrado el caso de los alcaldes socialistas de Els Poblets y El Verger que también se vacunaron en el primer periodo abierto en la estrategia nacional. Un caso que se cerró por el informe favorable de Fiscalía, aun cuando éstos no tenían una profesión sanitaria y Cano sí.

Cano ha sostenido durante todo este tiempo que se vacunó con la autorización de Salud Pública (Generalitat Valenciana) en un geriátrico de su localidad, tras constatarse que sobraban dosis. Y que lo hizo como médico, ya que ejerce de sanitario en el club de futbol de La Nucía, por lo que podría considerarse "personal de riesgo".

La Audiencia no apreció delito en la conducta del encausado, señalando que su vacunación "no difiere sustancialmente de la de otros denunciados respecto de los cuales se produjo una vacunación prematura atendiendo a los protocolos en la fecha de los hechos".

La retirada de competencias en Deportes se realizó de común acuerdo con los socios de Gobierno provincial de Mazón (Cs), que exigieron aclarar el asunto antes de que continuase con poderes para "dictar actos administrativos que afecten a terceros", que es el término legal con el que se le rehabilita ahora. Y se hace con el acuerdo de Cs.

La Audiencia reiteró en su auto de archivo del caso de Cano que "no existía normativa para su distribución y los protocolos eran poco específicos al respecto. Al contrario, la práctica recomendaba su administración para evitar que se desecharan dosis útiles".