La polémica sobre las oposiciones a la Policía Local de Alicante, en la que un elevado número de los mejor clasificados tienen algún tipo de relación con políticos municipales, agentes en activo o incluso contratistas del Ayuntamiento, ha llevado al equipo de Gobierno (PP y Cs) a abrir una investigación sobre el proceso. En total se estima que unas 60 de las 92 personas con mejor nota, que son las que han sacado plaza, están vinculadas a personas de relevancia local o de dentro del cuerpo.

EL ESPAÑOL desveló este miércoles que entre las mejores notas estaban los del sobrino del jefe del PSOE en la ciudad de Alicante, el histórico Ángel Franco, y un pariente de su delfín, exedil de Recursos Humanos, también exsenador y actual asesor de la Conselleria de Sanidad, Carlos Giménez. Pero no son las únicas. Entre quienes se han sacado la plaza también destaca el hijo y el sobrino de uno de los dos concejales de Vox, José Juan Bonet, así como la mujer del exdiputado provincial del PP Adrián Ballester, ya retirado de la política. 

En este sentido, este diario ha podido saber que la esposa de Ballester "lleva años de interina" en el cuerpo y que entró durante la etapa del alcalde socialista Gabriel Echávarri. Otros nombres conocidos en el Ayuntamiento son el de una exasesora de la exalcaldesa Sonia Castedo, y el hijo de Maribel Domínguez, otro antiguo cargo de confianza.

Respecto a los empresarios, el vínculo más destacado es el de una sobrina del promotor Enrique Ortiz, el mayor dueño de suelo urbanizable de Alicante y uno de los principales contratistas municipales por su participación en la contrata de basuras.  Finalmente, también aparece el hijo del actual líder de UGT en el Ayuntamiento, así como el de su antecesora (ya jubilada).

El resto de nombres bajo sospecha son parientes de policías locales en activo (principalmente hijos y alguna esposa). De hecho, se estima que, de los 281 candidatos que se presentaron ante el primer tribunal, 57 eran hijos de agentes, aunque solo aprobaron la mitad. 

¿Se anulan las oposiciones?

Tal como ha informado este diario, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, pidió este miércoles un informe jurídico que pueda avalar la anulación de las oposiciones. En concreto, el primer edil también solicita a la secretaría general que le informe sobre "las opciones y condiciones legales para adoptar la decisión de anular y ordenar la repetición de una o varias de las pruebas ya celebradas" en el caso de que se confirme alguna posible irregularidad en el citado proceso de oferta pública de empleo.

Barcala también ha requerido el dictamen jurídico sobre el órgano competente para la adopción de cada una de estas decisiones planteadas. "He dejado muy clara desde el principio mi voluntad de máxima transparencia sobre este procedimiento y en esta línea se enmarca la petición a la secretaría general de este informe jurídico sobre la suspensión cautelar y la posible repetición de alguna de las pruebas", manifestó el primer edil.

El tribunal que evaluaba las oposiciones estaba formado por el actual jefe de la Policía Local de Alicante, una funcionaria del grupo A1 del Ayuntamiento y tres vocales, de los cuales dos son designados por el Ivaspe (Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, de la Generalitat). El tercero de los vocales es el jefe de la Policía Local de Xàtiva, que fue nombrado directamente por el presidente del tribunal.