La Fiscalía Provincial de Alicante se ha opuesto a que se considere prescrita la causa contra 2 exediles socialistas y 6 técnicos del Ayuntamiento de Benidorm por irregularidades en la política de contratación de personal y la cobertura de distintas plazas. Se trata del conocido como 'caso de los 43 enchufes', en el que se están investigando a la exconcejal de Hacienda Natalia Guijarro, el exconcejal de RR. HH. Juan Ramón Martínez, y la actual técnico superior de RR. HH. en el Ayuntamiento de Benidorm, Carmen Navarro.

Según la documentación a la que ha tenido acceso Efe, el fiscal rechaza la prescripción de los delitos atribuidos a los investigados por no haber transcurrido el tiempo necesario para el archivo ya que la denuncia de Fiscalía fue presentada el 15 de octubre de 2013 y no ha transcurrido el plazo de diez años.

Asimismo, afirma que "existen indicios de criminalidad sobre los investigados” y que los presuntos delitos que se les atribuye a los investigados son de carácter grave ya que se refieren a los supuestos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias, que conllevan penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público de entre 7 y 10 años.

Se alinea de esta forma con los argumentos esgrimidos por el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos, que actúa como parte denunciante y que pide dirimir las posibles responsabilidades penales en el juicio oral.

La mayoría de los investigados recurrieron el auto de procedimiento abreviado para la apertura de juicio oral incoado por el juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm mediante recursos de reforma pidiendo declarar prescrita la causa, salvo una de ellos que ha optado por el recurso de apelación al que también se opone Fiscalía.

Una denuncia sindical

La investigación parte de una denuncia del Ministerio Fiscal a instancias de otra del Sindicato Profesional de Policías y Bombero de Benidorm que ponía sobre aviso la posibilidad de que la Relación de Puestos de Trabajo de 2010, aprobada en pleno pese a un informe contrario del interventor municipal, incluía una subida salarial que suponía un aumento de la masa salarial del personal del Ayuntamiento superior a la máxima autorizada para ese año.

Además, también “se crearon y cubrieron determinadas plazas cuya urgencia y necesidad no estaba justificada”.

Asimismo, la acusación recoge la creación y cobertura “de un elevado número de plazas de personal laboral temporal” pese a las restricciones establecidas por ley en ese momento. Así cuando la tasa establecida para el personal funcionario de nuevo ingreso era de 3, fueron 13 los que se incorporaron.

Todo ello produjo un desajuste en la partida presupuestaria de personal de 4,5 millones de euros.