Un hombre ha sido condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante  a cuatro años de prisión por un delito sexual contra un menor de edad. Los hechos sucedieron en la escuela de verano de una asociación vecinal de Alicante, cuando el agresor utilizó su condición como monitor de ese centro para realizar tocamientos a un niño de siete años. 

La Sala le prohíbe además acercarse o comunicarse con la víctima durante ocho años y le inhabilita para ejercer cualquier profesión y oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad durante otros tantos años.
Los hechos sucedieron en julio de 2017, cuando el procesado observó que el niño iba al baño y aprovechó que estaba solo en su interior para "sentarse encima y restregar su cuerpo con el de él", tal y como describe la sentencia.

El condenado, de 39 años, solo paró cuando empezó a llover, ya que era el único monitor y tenía que abrir el recinto de la escuela para que se resguardaran de la lluvia el resto de menores. La sentencia, alcanzada tras una conformidad entre las partes en la que el condenado confesó la autoría del delito, es firme y no puede ser recurrida.

Otro caso de abusos

El caso anterior no ha sido el único en los últimos meses en los que ha estado involucrado un profesor o persona a cargo de niños. El pasado mes de junio, un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de la Audiencia de Alicante permitió a un profesor reducir la condena inicial solicitada, permitiéndole eludir la cárcel. 

Se trataba del caso del expresidente de una escuela coral del municipio valenciano de Quart de Poblet (Valencia), cuyo juicio por abuso sexual a uno de sus alumnos en un viaje a Teulada-Moraira tuvo lugar el pasado 10 de junio. 

El procesado aceptó dos años de prisión a cambio de asumir la autoría de un delito de abusos sexuales cometido sobre el menor de 12 años durante la excursión. El varón, que quedó desvinculado de la escuela al trascender los hechos, alcanzó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en el inicio del juicio, por lo que no fue necesaria la continuidad del proceso.

Además de la pena de privación de libertad, el acuerdo alcanzado con la acusación pública comprendió también el sometimiento a 5 años de libertad vigilada, además de otros 8 de inhabilitación para el ejercicio de profesión que conlleve relación con menores.