Pedro Miguel Milla, el abogado de UGT Alicante que fue despedido después de 30 años de trayectoria en la defensa laboral de los afiliados, acaba de denunciar al sindicato también ante la Inspección de Trabajo. En Alicante, en Valencia y en Madrid.

Milla acusó en los juzgados a UGT País Valencià por mobbing tras haberle despedido para contratar a lo que comúnmente se conoce como "falsos autónomos": no con contrato laboral sino en “régimen de arrendamiento de servicios”. El secretario general aseguró a este diario que no le constaba este hecho.

Esta circunstancia forma parte de la nueva denuncia ante la Inspección, cuando argumenta que existe "una dicotomía con unos letrados en régimen laboral y por cuenta ajena y un letrado con idénticas funciones pero sin relación laboral, contratado como falso autónomo, en clara transgresión de la normativa laboral y sin dar de alta ante el sistema de seguridad social y eludiendo el pago de las cotizaciones sociales".

La denuncia se verá el próximo 3 de septiembre en el Juzgado de lo Social número 2 de Alicante, donde tienen que acudir el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez (en representación del sindicato), el coordinador del Gabinete Jurídico del Sindicato, Carlos de Lanzas Sánchez, y la secretaria de Acción Sindical, Dolores Ruiz Ladrón de Guevara, como denunciados.

En su nuevo escrito ante la Inspección, Milla asegura que respecto a su jornada de trabajo, "venía haciendo más horas de trabajo que las establecidas en el convenio colectivo de aplicación, excediéndose con creces las 60 horas extraordinarias anuales que nunca han sido reconocidas ni abonadas".

Y añade que le han supuesto "jornadas maratonianas de trabajo, que excedían con mucho las 35 horas semanales de trabajo efectivo ordinario del Convenio Colectivo de empresa y esto era de sobra conocido por los dirigentes, responsables y coordinador del gabinete jurídico".

En este sentido, hace extensiva su denuncia respecto al resto de compañeros: "Ninguno de los letrados del gabinete jurídico de Alicante y de la comunidad valenciana contratados laborales, y cuyo número ronda la veintena de trabajadores, se les ha exigido o impuesto el registro de jornada horaria obligatorio".

Así, Milla acusa a UGTPV de incumplir "de forma palmaria y grave dicha obligación legal de registro de jornada y horas en claro desprecio a la normativa laboral y de los derechos de los trabajadores en general".

UGT fue uno de los principales impulsores de la ley las “Medidas de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo” (BOE 12 de marzo de 2019, entrando en vigor el 12 de mayo) modificando el Estatuto de los Trabajadores, que impone sanciones graves con multa de entre 626 y 6.250 euros.

Asegura que esta denuncia está corroborada "por la inexistencia material de los citados registros de jornada para todos los letrados contratados laboralmente en la comunidad valenciana", algo que ya anticipó en su denuncia ante los juzgados alicantinos. De hecho, este diario ya informó de que el sindicato no había entregado al juzgado esos registros pese a que se lo han pedido al menos dos veces.