Un abogado y graduado social de Alicante ha sido condenado por la Audiencia Provincial a nueve meses de prisión por apropiarse de la indemnización por despido abonada por el Fondo de Garantía Salarial a uno de sus clientes, de nacionalidad extranjera.

La sentencia, dictada por un tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia y contra la que cabe interponer recurso, considera probado que el acusado gestionó la reclamación en materia laboral en representación de su cliente por un importe de 11.958 euros e hizo que se ingresase en una cuenta bancaria "con intención de beneficiarse" de dicha suma.

El despido se produjo en 2015 y la compensación se transfirió en marzo de 2016, después de haber ganado el pleito.

El cliente declaró en el juicio que, al cuestionar al acusado sobre su reclamación, "no le daba respuesta sobre la precepción de la indemnización". Por ese motivo se dirigió directamente al Fondo de Garantía Social y allí se enteró de que dicha compensación ya había sido depositada en la cuenta facilitada por su representante legal, que era la suya propia.

Acto seguido decidió presentar la denuncia que dio origen al procedimiento penal contra el abogado para tratar de esclarecer qué había pasado con ese dinero.

Por su parte, el acusado admitió que había gestionado la reclamación del denunciante y que había sido él quien la había percibido. Sin embargo, alegó que había llegado a un acuerdo con su cliente por el que le transferiría los fondos "cuando tuviera medios para hacerlo" puesto que estaba atravesando "un mal momento económico".

Finalmente, esa transferencia se produjo en junio de 2021, una semana antes de que se celebrase el juicio y cinco años después de que fuese abonada por el Fondo de Garantía Salarial a la cuenta que había facilitado el abogado. 

No obstante, la sentencia concluye que, en realidad, no existió tal acuerdo con su cliente, puesto que el propio acusado no lo había mencionado antes cuando declaró en la fase de instrucción. Además, el tribunal señala que el denunciante también negó la existencia de ese pacto, por lo que los magistrados no dieron credibilidad a esta versión.

Así, la Audiencia Provincial de Alicante considera al procesado autor de un delito de apropiación indebida y le impone la pena de nueve meses de privación de libertad, después de aplicar la atenuante de reparación del daño, puesto que ya había reintegrado la suma detraída a su cliente una semana antes de la celebración del juicio.