Alicante

El 1 de enero de 2020 la AP7, que permite recorrer de norte a sur la mayor parte del litoral español, dio por finiquitada su red de peajes tras medio siglo de concesión. Por primera vez en décadas, los alicantinos podían moverse libremente esta red de carreteras, una de las más utilizadas del país por la afluencia turística de la Comunidad Valenciana.

La decisión del Gobierno de España se tomó con ciertas resistencias. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dejó caer en numerosas ocasiones que sería necesario plantear nuevas fórmulas para financiar estas infraestructuras, que pasaban a ser deficitarias.

Ahora, apenas 16 meses después de esta liberalización, el Gobierno de España tiene previsto crear "un sistema de pago por el uso de red de vías de alta capacidad" para cubrir "los costes de mantenimiento" y los números rojos generados por el resto de infraestructuras.

Esta propuesta está incluida dentro del plan de recuperación que el Ejecutivo ha redactado para enviar a Bruselas antes de fin de mes con motivo del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, del que España va a percibir 140.000 millones de euros hasta 2026.

La AP7 es una de las carreteras más utilizadas de toda la red del Estado. Justo antes del fin de su concesión pasaban por ella unos 20.000 vehículos al día, una cifra un 25% inferior a la que se registraba antes de estallar la crisis económica de 2008. Su momento más bajo fue en 2013, con 16.273 vehículos diarios.

El tráfico empezó a remontar en 2014, con ejercicios de crecimientos continuos que permitieron recuperar parte de su afluencia. El inicio de la liberalización coincidió con el estallido de la pandemia y las restricciones de movilidad, por lo que los datos sobre el impacto real se han diluido. 

Posiciones enfrentadas

La liberalización de la AP7 provocó opiniones dispares entre los empresarios valencianos. Así, mientras la federación valenciana de transporte (FVET) celebró la decisión y aseguró que se produciría un importante ahorro para los vehículos, la patronal turística Hosbec mostró su rechazo al asegurar que provocaría un efecto negativo en la movilidad. 

En opinión de Hosbec, una AP7 completamente gratuita podría saturarse debido al alto volumen de desplazamientos a la costa valenciana, lo que además supondría un incremento en los costes de mantenimiento y, por lo tanto, del déficit. 

La solución que planteaba era la creación de un "peaje blando" para residentes y que la mayor parte del coste se descargase en aquellas personas que utilizasen la autopista de manera ocasional. 

Para rescatar esta fórmula, sin embargo, primero habría que estudiar qué tiene previsto el Gobierno para establecer los peajes, teniendo en cuenta que el modelo de barreras ha evolucionado y, que de hecho, las casetas que limitaban la movilidad en la AP7 fueron retiradas cuando se liberalizó. 

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