MEDIDAS PARA EL ACUERDO

"A mí me indultó Rajoy"

EL ESPAÑOL localiza a uno de los 'perdonados' por corrupción política del Gobierno de Rajoy. El PP deberá prescindir de este tipo de medidas si quiere que el pacto con Ciudadanos llegue a buen puerto.

Tomás Gómez Arrabal, ex alcalde de Abdalajís. Foto: Lola Sánchez / Cortesía de La Opinión de Málaga.

Tomás Gómez Arrabal, ex alcalde de Abdalajís. Foto: Lola Sánchez / Cortesía de La Opinión de Málaga.

  1. Mariano Rajoy Brey
  2. Corrupción
  3. Indultos
  4. Investidura
  5. Malversación de fondos

El indulto es una herramienta legal que viene siendo habitual desde la Transición en España. Son de sobra conocidos los Vera, los Barrionuevo, los Alfredo Sáenz, los Alfonso Armada. Son casos ya célebres instalados en el imaginario colectivo. Pero ahora, en un imprevisible giro de los acontecimientos, podrían terminar por extinguirse.

Los indultos se han convertido en uno de los signos identificativos del Partido Popular en los últimos años, una especie de misericordia según la cual es posible salir indemne de tal o cual pecado cometido en las administraciones.

Con las seis condiciones de Ciudadanos para investir a Rajoy, los indultos han vuelto a aparecer en el ruedo político y se convierten ya en una condición ineludible para que los de Rivera terminen pactando con el PP. Podría parecer una condición obvia, pero no deja de ser notable que tan sólo sean nueve los indultos por corrupción que esta medida señala y que el Gobierno de Rajoy concedió en los más de cuatro años que lleva al frente del gobierno de España.

Los primeros perdones fueron en la etapa de Gallardón al frente del Ministerio de Justicia, y no se detuvieron con Rafael Catalá cuando este asumió la cartera. Sólo en el año 2012 se concedieron 434 indultos de toda clase.

Los nueve indultados pertenecen a todas las ramas del espectro ideológico español: representantes de partidos nacionalistas, concejales del PP, miembros locales del PSOE... Ahora que la condición sale a la palestra de los posibles acuerdos para una investidura, EL ESPAÑOL habla con uno de ellos, quien no duda en alzar la voz y afirmar sin problema: "A mí me indultó Rajoy".

Los primeros casos

Rajoy conversa en el Congreso con Ruiz-Gallardón cuando éste era ministro de Justicia

Rajoy conversa en el Congreso con Ruiz-Gallardón cuando éste era ministro de Justicia

"Este Gobierno no ha concedido un solo indulto en casos de corrupción. Es más, mientras yo sea ministro de Justicia, no lo va a hacer”. Esas eran las palabras de Alberto Ruiz Gallardón hace dos años, antes de que dimitiera. Sin embargo, hasta los afines a Jordi Pujol tenían cabida en el regazo de las absoluciones de los populares.

Sin ir más lejos, los dos primeros imputados y absueltos por corrupción política fueron dos militantes de Uniò, condenados en el año 2009 por la Audiencia Provincial de Barcelona. Josep María Servitje y Víctor Manuel Lorenzo Acuña inauguraban por aquel entonces la lista de los exonerados políticos de la era Rajoy.

Ambos habían sido condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos. Servitje, ahora ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat, se llevaba la peor parte, con cuatro años y medio de cárcel. Lorenzo Acuña fue condenado a dos años y tres meses. El 12 de marzo de 2012 eran eximidos de sus condenas, que fueron conmutadas por una multa de 3650 euros a cada uno de ellos. En aquel momento, apenas tuvo trascendencia. Sin más explicaciones, el caso pasó desapercibido y se fue directo a coger polvo en el baúl de los indultados.

Junto a ellos, una pequeña lista de políticos cuya responsabilidad ante el juez fue eximida por el Gobierno de Rajoy en los últimos años del PP al frente del Ejecutivo. En junio de ese mismo 2012 se produjo la segunda de las absoluciones. El beneficio le llegaba a una funcionaria del Ayuntamiento de Alicante cuyo nombre no trascendió a los medios. La mujer, que aparecía en sus juicios con el rostro cubierto, había sido condenada por desviar 6.000 euros de los fondos del Programa de Emergencia Social.

Poco tiempo después, el ex secretario de la subdelegación del Gobierno de Cáceres, Constancio Alvarado, observó cómo su pena de dos años y seis meses de prisión se veía reducida a dos años. Sin antecedentes legales, los dos años de condena se convierten en puro humo, pues el condenado no acaba entrando en la cárcel. Alvarado había sido condenado por vender permisos falsos a inmigrantes. Nada más se supo del asunto. También miembros del PSOE sevillano como María Dolores Mateos Sánchez vieron la luz con la absolución del Gobierno central.

Tomás Gómez, el indultado de Abdalajís

De todos ellos, el caso más insólito fue el ocurrido en un rincón al sur de la península. Allí, en Abdalajís (Málaga) los vecinos salieron en tromba a defender a su alcalde, convencidos de que debía ser exonerado. Todos a una, las fuerzas ciudadanas se sumaron para exigir la liberación de su regidor, Tomás Gómez. Hasta los miembros de la oposición se alzaron con él.

Valle de Abdalajís es un pequeño pueblo situado a casi 60 kilómetros de Málaga. Sus casas de paredes blancas al pie de la sierra son su principal atractivo. Se trata de un pequeño reducto turístico de apenas 3.000 habitantes. Un lugar tranquilo y apacible, a donde no llega el agua marina pero sí el aroma salado del océano.

Allí, hace algunos años, se iba a posar el foco de la noticia. Aunque pasó un tanto desapercibido, este pequeño rincón sureño protagonizaba un caso singular: el Ministerio de Justicia detenía en él su mirada. Más concretamente, la fijaba en su alcalde. Allí gobernaba el que años después sería uno de los nueve indultados por corrupción política de Rajoy.

Tomás Gómez Arrabal tiene 72 años y posee una explotación agrícola en el municipio. Ahora es autónomo del sector, pero durante 20 años vivió entregado a la política municipal. Primero, como edil municipal durante ocho años, y después alzándose con la Alcaldía del pueblo en el año 1995. De allí no se movería hasta el año 2007, cuando el PSOE se alzó con la victoria.

Entonces parecía llegar el retiro, una vida de calma y sosiego en el solsticio de la avanzada edad que Gómez ya poseía. Nada más lejos de la realidad: la Justicia no iba a tardar en llamar a las puertas de su casa. La Fiscalía les acusaba de haber otorgado 90 licencias de obra para viviendas que carecían de proyecto técnico entre los años 2001 y 2004. Él y cuatro de sus ediles Fermín Muñoz Armero, María Teresa Mesa Pernía y Antonio Pérez Postigo, iban a ser condenados.

En un inicio, la petición era de 30 años de cárcel para el exalcalde y de entre 10 y 15 para el resto. Tras los tiras y aflojas de los abogados con la Justicia, Gómez sería condenado a tres años de cárcel, tres de sus concejales a 27 meses y un cuarto a pagar una multa de 108.000 euros. La alarma social saltó entonces en el pueblo. El 26 de junio de 2009, Abdalajís salió a la calle a defender al que había sido regidor del municipio durante 12 años seguidos.

Vecinos, familiares de los afectados y ciudadanos del pueblo se reunieron en la plaza del pueblo para reclamar el indulto de Gómez Arrabal. No fueron los únicos. También desde el Ayuntamiento, en aquel entonces gobernado por el socialista Alfonso García Carrasco, se solicitó la liberación del antiguo regidor. “Creemos que, aunque haya existido delito, la cárcel es un castigo desproporcionado porque no ha habido ánimo de lucro”, explicaba el alcalde en el año 2009.

De ese mismo se defiende hoy Tomás Gómez, uno de los indultados de Mariano Rajoy. Todo ha pasado ya, llegó la absolución de Gallardón, y aunque reconoce que la construcción de las viviendas no fue todo lo regular que debiera, asegura que todo fue por el bien de sus ciudadanos. “Se decía que habíamos dado permisos de obras en lugares no urbanizables. Yo sólo quise construir para mejorar el pueblo. Y nunca, nunca, nunca, cogí ni un duro”, asegura.

En aquellos días algunos vecinos y representantes políticos del pueblo percibieron la condena como un chivo expiatorio. Es algo que comparte el indultado Tomás Gómez. Reconoce que sus decisiones fueron tomadas de un modo irregular, pero que el castigo era exagerado.

“Este es un pueblo pequeño muy pobre. Lo único que hicimos fue ayudar a los necesitados”. Tomás solo tuvo que esperar unos años. La situación era incierta para el exalcalde y los cuatro concejales, quienes no tenían muy claro qué les depararía el futuro. Todo se durmió, al menos hasta 2012.

El 18 de julio de 2012, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba el ansiado indulto a él y a sus concejales. Condenados por delito continuado de prevaricación urbanística. Años después, Gallardón les imponía su bendición, como a muchos otros antes que a ellos. Estaban indultados.