El ingreso en prisión del tesorero de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) y la detención de Mohamad Ayman Adlbi Adlbi, presidente de la Comisión Islámica de España, son dos pésimas noticias para la comunidad musulmana de nuestro país.

El primero ha sido acusado de pertenencia a organización terrorista por desviar dinero hipotéticamente destinado a fines benéficos (los niños huérfanos en Siria) hasta organizaciones terroristas fundamentalistas.

El segundo, junto con otro miembro de la Comisión Islámica de España del que no ha trascendido el nombre, ha sido liberado, tras ser interrogado por el juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, al considerar este que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Tanto la policía como Gadea le siguen considerando, sin embargo, como sospechoso a la espera de que ulteriores pruebas confirmen su grado de implicación en la trama o desmientan cualquier relación con ella. Los investigadores aseguran que existen pruebas suficientes que demuestran que los arrestados conocían adónde iba a parar finalmente el dinero recaudado.

Tal y como hemos publicado en EL ESPAÑOL, los acusados podrían haber colaborado con una ONG que habría facilitado dinero a grupos yihadistas. Su destino era, en apariencia, un colegio. Sin embargo, se trataba de un centro en el que se impartía la sharia y se formaba a niños guerreros. Nada más alejado, en fin, de sus presuntas intenciones solidarias.

El desvío de esos fondos se vehiculaba a través de una asociación cultural que recaudaba donativos procedentes de otras asociaciones religiosas musulmanas. La trama se enmarca a su vez en una red internacional aún mayor, lo que confirmaría la tesis de que España sigue siendo un foco de financiación del yihadismo.

Niños guerreros

La noticia ha sorprendido en la comunidad musulmana. En primer lugar, porque uno de los detenidos es el máximo representante del islam en España.

En segundo lugar, porque Mohamad Ayman Adlbi Adlbi contaba con el visto bueno del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Gobierno, a través del Ministerio de Justicia.

En tercer lugar, porque el presidente de la Comisión Islámica es uno de los interlocutores habituales, y desde luego el principal, del Gobierno en todo lo relativo al islam y la comunidad islámica española. 

Si la Justicia acaba demostrando finalmente su vínculo con una red de financiación terrorista, tanto el CNI como el Ministerio de Justicia deberán revisar y en su caso rediseñar desde cero sus protocolos de prevención y control del yihadismo.

Aunque la investigación no ha concluido todavía, es razonable exigir también que la Comisión Islámica se ofrezca de inmediato a una profunda revisión de sus actividades y de sus cuentas para despejar cualquier duda que pueda existir acerca de su supuesta vinculación con el terrorismo.

Conviene, no obstante, separar los objetivos legítimos de la organización (“la paz y el progreso”) de la posible mala praxis de parte de su cuerpo directivo.

Daño de imagen

La Comisión Islámica de España organiza actividades de todo tipo y ofrece servicios de información y asesoramiento para la población musulmana en España, que roza los dos millones de personas.

Es por ello que el daño que podría generarse a dicha comunidad si se demostrara la vinculación del presidente de la Comisión con el terrorismo sería devastador. El uso ilegal de fondos humanitarios para sufragar el radicalismo religioso atenta contra los valores democráticos que debe preservar cualquier institución, pública o privada, en España.

Un último apunte. Es bien conocida la dificultad que entraña penetrar en los canales de financiación del terrorismo islámico por su utilización del método hawala, un sistema basado en la confianza y que apenas deja rastro en forma de contratos o huellas digitales.

Y de ahí que sea necesario actuar con prudencia antes de acusar a la Comisión Islámica de España a partir de pruebas parciales y que todavía deben ser valoradas por la Justicia.

En cualquier caso, el dinero de quienes, con buena fe, deciden apoyar causas benéficas no puede acabar bajo ningún concepto en manos de grupos terroristas. Y los responsables de impedir que eso ocurra deben ser tanto el CNI y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como las asociaciones islámicas que son utilizadas como tapadera por los recaudadores yihadistas.