La ley de protección integral del colectivo LGTBI aprobada hace un mes por la Comunidad de Madrid ha levantado ampollas en el sector más reaccionario de la jerarquía eclesiástica. Los obispos Joaquín María López de Andújar, de Getafe, y Juan Antonio Reig Plá, de Alcalá de Henares, llamaron el pasado domingo a la insumisión a través de una carta pública en la que se califica la medida como un "ataque a la libertad religiosa y de conciencia que atenta contra la moral natural y las enseñanzas de la Biblia".

Estos obispos llegan a sugerir que la homosexualidad es algo así como una desgracia o un extravío remisibles mediante la oración. Por eso se quejan en su misiva de que la nueva ley "pretende prohibir rezar públicamente por personas que suplican un cambio de orientación en su vida".

Esta norma, aprobada de urgencia ante el repunte de casos de acoso escolar, contiene aspectos criticables que deben enmendarse, como la inversión de la carga de la prueba recogida en su artículo 66, según el cual correspondería en los procesos no sancionadores demostrar su inocencia a aquel a quien se atribuye la conducta discriminatoria.

No obstante, la declaración de estos obispos madrileños es injustificable. Por un lado, chirría claramente con la línea aperturista establecida por el Papa Francisco desde el comienzo de su pontificado. Y desde el punto de vista civil, resulta inadmisible que una institución que disfruta de tamaña influencia social y educativa y que se financia parcialmente con dinero público se inmiscuya en asuntos legales para contradecirlos con argumentos que rozan la homofobia. En un estado aconfensional, los púlpitos no han de utilizarse para llamar a la desobediencia de los fieles.