El rugido del león

En casa de herrero, cuchillo de fraude

El registro del domicilio de la jefa de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) por orden de la Audiencia Nacional es la prueba de cuán bajo está el rasero de la ética en los asuntos públicos. Un día después de que la Guardia Civil irrumpiera en casa de Marga García-Valdecasas en busca de documentación que atañe a su marido, ni ha dimitido, ni el Ministerio de Hacienda la ha cesado, ni nadie del Gobierno ha dado una explicación, generando un episodio típico de república bananera.

Es inconcebible que la persona encargada de combatir el gran fraude fiscal en España viva bajo el mismo techo con un posible defraudador, investigado en una operación contra el blanqueo de capitales. Será la Justicia la que determine si Alejandro Pérez Calzada, expresidente en nuestro país del banco suizo Mirabaud desde finales de 2011, ha cometido o no irregularidades, pero la situación de la jefa de la ONIF es ya insostenible.

Sin autoridad moral

Aun en el caso de que García-Valdecasas desconociera las actividades de su marido es evidente que ha perdido la autoridad moral para seguir en el cargo, porque no es propio que quien tiene la misión de perseguir actividades turbias, las tenga ante sus ojos, conviva con ellas y sea incapaz de detectarlas. Por otra parte, estamos ante una persona que maneja información muy sensible y que tiene acceso a resortes de los que podría beneficiarse su pareja. Su imparcialidad queda gravemente comprometida en esta situación.

García-Valdecasas conoce, por ejemplo, los nombres de los beneficiados por la amnistía fiscal de Montoro, y fue ella quien visó la documentación que condujo a la detención de Rodrigo Rato, ¿habría actuado igual si el protagonista hubiera sido su esposo? Hay por tanto en este caso también un conflicto de intereses.

La jefa de la ONIF tendría que haber tomado la iniciativa de ofrecer explicaciones y anunciar su dimisión. Pero dado que no lo ha hecho, el ministro de Hacienda, aun estando en funciones, debería de haberla cesado, más aún por cuanto ocupa un cargo de confianza. Resulta particularmente llamativo que el Ejecutivo actúe con esta desfachatez en un momento en el que Rajoy busca apoyos para la investidura y la regeneración es una de las exigencias que han puesto sobre la mesa los partidos.