La amenaza del Gobierno de Rajoy de no comparecer ante el Parlamento para explicar su gestión la consumó este jueves Pedro Morenés. El ministro tenía que explicar un acuerdo sobre la presencia de efectivos españoles en el Mar Egeo, pero los miembros de la Comisión de Defensa se quedaron esperándolo.

Asistimos a un conflicto inédito y muy grave entre el Congreso y el Ejecutivo que lleva camino de acabar en el Constitucional, tal y como apuntó el presidente de la Cámara Patxi López. Tras el desplante de Morenés, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha anunciado que estudiará acciones judiciales contra los ministros que incumplan su deber de acudir a la Cámara. Desde las filas socialistas se acusó al ministro de haberse "declarado en rebeldía".

Contra la Ley del Gobierno

El Gobierno se aferra a una teoría peregrina para tratar de eludir sus responsabilidades. La puso negro sobre blanco la semana pasada el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Según su tesis, "la Cámara no puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en que no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados". Es decir, que al no haber sido elegido por este Congreso, el Ejecutivo no tiene por qué someterse a su examen.

Ayllón llegó al absurdo de decir que solicitar la comparecencia de Rajoy en la Cámara sería tanto como reclamar la de Felipe González. No puede haber ejemplo más desafortunado, a menos que el propio Gobierno considere ya amortizado a Rajoy y lo vea como un expresidente. Sin embargo, quien este jueves pasaba revista a guardias civiles en la inauguración de la nueva academia de la Guardia Civil de Aranjuez era Rajoy, y no otro.

En un sistema parlamentario, el Gobierno no tiene más remedio que rendir cuentas ante la cámara donde está representada la soberanía popular. La esencia de la democracia consiste en eso, en la separación de poderes. Que el Ejecutivo esté en funciones o no, no tiene que ser óbice para cumplir con la Ley del Gobierno, que establece en su artículo 26 que sus actos "están sometidos al control político de las Cortes Generales".

Presidente, sólo para lo bueno

La catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes lo deja claro hoy en una tribuna en EL ESPAÑOL. "El control parlamentario del Gobierno es intrínseco a las democracias parlamentarias como la nuestra", señala. Freixes dice comprender los recelos en el Gobierno a que, en las actuales circunstancias, los grupos parlamentarios puedan hacer un uso electoralista de las comparecencias de los ministros, pero advierte que esa desconfianza "no puede ser elevada a categoría política para eludir el control parlamentario".

Al enrocarse, Rajoy demuestra su talante. Queda claro que sólo se somete con agrado al control de la Cámara cuando es él quien controla su mayoría, o sea, cuando sus comparecencias son un paseo en barca. Demuestra además su ventajismo, pues sabe que los posibles recursos al Constitucional nunca serán resueltos antes de que se agote la actual situación de interinidad.

Estamos, así, ante un escándalo mayúsculo, con un Rajoy que se declara insumiso a la hora de cumplir con sus obligaciones bajo el pretexto de que es un presidente en funciones. Curiosamente esa circunstancia no le impide cortar cintas de inauguración y pasar revista a la Guardia Civil ni seguir fotografiándose en aquellos actos institucionales que sabe que le pueden reportar un rédito político. Tenemos un presidente que ejerce sólo cuando le conviene.