La tribuna

Aló, ¿algún presidente?

Aló, ¿algún presidente?

Ilustración

Los acontecimientos de esta semana nos han dejado sorprendidos a los españoles. Habíamos visto mil veces, desde el aterciopelado Westminster a la voluptuosa plaza Sintagma, pasando por el mítico Borgen, que un gobierno de coalición o en minoría se negociaba en pocos días encadenando maratonianas reuniones. En España, tras cinco semanas, los líderes de los principales partidos apenas han hablado entre ellos y, cuando a alguno le llega el momento de optar a la investidura, antepone el tacticismo de intentar que se estrelle primero su rival a asumir la responsabilidad de presentar su proyecto para gobernar España.

Algunos dirán que la lentitud del ritual tiene su causa en los procedimientos que establece la Constitución. Creemos que no es así. Las consultas del Rey deberían servir para confirmar lo ya negociado. Dictar al monarca el resultado de la siguiente ronda ahonda en el descreimiento del rol arbitral del Jefe del Estado. ¿Cómo considera el líder de Podemos lealtad institucional venderle al monarca una opción de gobierno no consultada con sus supuestos socios? ¿Cree Ciudadanos que logrará ser bisagra siendo el primero que pidió excluir a otro de los partidos, no ya de un eventual acuerdo, sino de las negociaciones mismas? ¿Es lealtad que el líder del partido más votado ceda la vez, como si se tratara de la cola de un mercado, sin presentar valientemente su proyecto o renunciar definitivamente a su oportunidad?

Hay que distinguir la investidura del presidente de la acción legislativa, incluida la reforma constitucional

¿Es posible aún un entendimiento racional pensando en los intereses de España, o vamos de cabeza a una repetición de elecciones donde los partidos políticos estarían implícitamente culpando a los españoles de haber votado mal en diciembre? Reconocemos que es difícil, pero humildemente solo vislumbramos una hoja de ruta que podría conducir a un gobierno progresista. Y el reparto de fuerzas del 20-D ha establecido que sea el PSOE el único partido determinante en todas las alternativas de gobierno, por lo que es quien debe asumir ya el liderazgo de las discusiones.

En primer lugar, hay que distinguir la investidura del presidente de la acción legislativa (incluida su máxima expresión, que es la reforma constitucional). Para la primera, es preferible no pasarse de mayoría, para que el ejecutivo tenga un contrapeso efectivo en la oposición. Para una reforma constitucional habría que contar con el máximo consenso posible, para que perdure en el tiempo.

Un acuerdo de gobierno no puede partir de la vulneración de la Constitución, como pretende Podemos

En una ponencia de reforma constitucional, se puede plantear todo, incluso debatir un mecanismo similar a la "ley de claridad" canadiense para la celebración de una consulta sobre la posible independencia de una parte del territorio. Sin embargo, un acuerdo de gobierno no puede partir de la vulneración de la Constitución vigente, como ocurre cuando Podemos exige un referéndum independentista como programa de gobierno y no como opción de debate en el marco de una reforma constitucional.

Aunque haya dolido el desprecio que Pablo Iglesias y su equipo demuestran al PSOE, creemos que podría intentar superarse pensando sobre todo en que muchos de sus votantes antes respaldaron a los socialistas. Así que, si Podemos retirara esa condición, el PSOE debería aspirar plenamente a relevar al PP en el gobierno mediante acuerdos progresistas. En tales acuerdos sería deseable encontrar a Ciudadanos, y en ningún caso buscarse siquiera la complicidad de Democràcia i Llibertat, ERC ni Bildu, pues defienden abiertamente el independentismo mediante la adopción de decisiones que atentan contra la Constitución.

Habría que pedir a Rivera que renunciara a su promesa de no entrar en un gobierno que no presidiera

Pero si Podemos mantuviera esa línea roja, el PSOE no podría buscar con ellos la investidura. El acuerdo debería buscarse entonces con Ciudadanos y forzar a Podemos a retratarse: o alinearse con el PP y votar en contra, resucitando la pinza o abstenerse, posibilitando la investidura. Ciertamente, este entendimiento con Ciudadanos rebajaría las aspiraciones progresistas, pero sería consecuencia del secuestro que Podemos habría consumado de sus votantes, a los que se ocultó que el "derecho a decidir" era la clave de bóveda de su programa.

Ciudadanos obtendría en este escenario un papel decisivo, muy por encima de su representación parlamentaria. A cambio, habría que pedir a Rivera que renunciara a su promesa de no entrar en un gobierno que no presidiera: si todos los partidos mantuvieran esas declaraciones tan cerradas que no debieron hacer durante la campaña antes de saber cuál iba a ser el peso en escaños de cada uno, sería imposible ahora sumar ninguna opción viable de gobierno.

Se deberían retirar tabúes sobre una mayor autonomía de las comunidades para recaudar impuestos

Le toque negociar con unos o con otros, ¿cuáles deberían ser las líneas maestras de un gobierno impulsado por  el PSOE? Debería, en primer lugar, aclarar que lo progresista es estabilizar la deuda pública, dejando de acumular esa losa (que con el PP ha alcanzado el 100% del PIB) que heredarán nuestros hijos y nietos. Explicando que la debilidad más grave no es que las clases más altas pagan menos impuestos sino que son las que más se benefician del gasto público. Así, manteniendo la presión fiscal global, para no lastrar la competitividad -esencial para el empleo-, se pueden abaratar las cotizaciones laborales pero retirar arbitrarias deducciones, gravar menos el ahorro y compensar la recaudación subiendo el impuesto de hidrocarburos (aprovechando el bajo precio del petróleo), o redistribuir mejor la importante partida de las pensiones con subidas más iguales en cuantía (y no en porcentaje) para todos. Del mismo modo, en el mercado laboral, se debe estudiar abiertamente una reforma que termine con la injusta e ineficiente dualidad del mercado de trabajo que el PP no ha sabido resolver.

Respecto a la cuestión territorial, el federalismo no debe ser renunciar a que unos ciudadanos libres e iguales son los titulares de los derechos, y en ningún caso los territorios. Pero a la vez se deberían retirar tabúes sobre una mayor autonomía de las comunidades para recaudar impuestos y sufragar ciertos servicios adicionales que, si va acompañada de una adecuada rendición de cuentas, instalaría hábitos de gestión más responsables que la continua posición victimista frente al gobierno central.

Para lograr confianza entre los votantes es imprescindible que los partidos renuncien a sus privilegios

En educación, hay que evitar volver a mover el péndulo del frentismo, en el que se cae utilizando el oxímoron de consenso contra el PP. De entrada, como mucho se puede decidir que la asignatura de Religión no cuente en las medias -ni siquiera sacarla de las aulas-, pero luego darse tiempo para hablar abiertamente de un modelo al que intentar sumar un acuerdo amplísimo.

Respecto a la Justicia, lucha contra la corrupción, sistema electoral y demás formas de regeneración democrática, las soluciones a veces no son tan sencillas como parece. Para lograr confianza entre partidos y de los votantes respecto a la voluntad de intentar adoptar normas más virtuosas, es imprescindible que los partidos renuncien a todos los privilegios: por ejemplo la exención de impuestos de parte de los ingresos de los diputados. Y, en cuestiones internacionales, apostar decididamente por una Europa federal, capaz de defender los mejores valores que compartimos en el convulso y disputado orden mundial.

Por último, un gobierno liderado por el PSOE debería comprometer una reforma constitucional en la que se pudieran abordar todas las cuestiones que consideren relevantes cualquiera de las fuerzas parlamentarias. Sin intentar excusar la falta de resultados de su gobierno en que aún no se hubiera realizado esta reforma, porque con leyes y buenas decisiones del ejecutivo se pueden lograr ya muchos avances.

*** Víctor Gómez Frías (@vgomezfrias) es profesor titular en ParisTech, César Giner (@cginerp) es profesor de Derecho mercantil en la Universidad Carlos III, y Miguel Sebastián (@migsebastiang) es doctor en Economía por la Universidad de Minnesota y por la Complutense, y es ex ministro de Industria. Los tres son militantes del PSOE.

*** Ilustración Sr. García.