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La llamada

Suena el teléfono. Puede ser Juan Miguel Villar Mir, Joaquín Almunia o Arturo Pérez Reverte. Puede ser un portavoz del Ministerio de Economía, de Pedro Sánchez o de El Corte Inglés. Puede ser cualquiera, con poder o sin él. Sus llamadas van dirigidas al propietario, al director o al jefecillo. A veces también al reportero. Algunos se conforman con desahogarse para que le caiga la bronca al que escribe. Pero la mayoría quiere que desaparezca un artículo que contiene hechos correctos e incluso ya publicados por un organismo oficial o alterar la frase que ha dicho el cargo público de turno tal vez sin pensar demasiado. La tolerancia a las críticas es muy baja; el deseo de cambiar los hechos, muy alto. 

Cualquier periodista que haya trabajado en un medio grande en España lo asume como parte de la rutina, como si fuera normal que te llame un portavoz del ministro para indignarse sobre un documento de la Comisión Europea que has publicado y que él ni siquiera ha sabido leer bien en inglés. Durante la crisis, esas llamadas han tenido más herramientas. Como cuando Almunia, cuando era comisario europeo, pedía al propietario de un medio la cabeza de un periodista que informaba sobre sus juegos malabares para criticar al Gobierno y esconder que había sido él. O cuando un portavoz del ministro Margallo mentaba “la hipoteca” a otro reportero que se atrevía a contar la realidad. A veces no hacía falta ni que el banco dueño del periódico hiciera la llamada para saber lo que había que hacer para evitarla. 

Tras el escrupuloso y trepidante trabajo de Jordi Pérez Colomé en El libro negro del periodismo en Cataluña, muchos sugirieron que hiciera algo parecido sobre las presiones a la prensa en cualquier sitio de España. El caso catalán es más concreto y fácil de relatar por suceder en un ambiente cerrado, con pocos actores y unido a menudo a la causa por una lengua y un objetivo político. Un libro negro español es más disperso, pero no menos grave. A muchos nos gustaría leer un día ese relato de Jordi. 

El informe del Instituto Internacional de Prensa (IPI) presentado esta semana en Viena denuncia la falta de independencia de los medios públicos, los chanchullos en la adjudicación de la publicidad gubernamental, la nueva ley de seguridad ciudadana, la escasez de ruedas de prensa o el control de las grandes empresas. La delegación del grupo, de visita en España en diciembre de 2014, encontró “amplio consenso” sobre “la presión contra los medios por parte de intereses económicos, en particular bancos y anunciantes públicos y privados”. También recoge el mundo paralelo de Bieito Rubido, el director de ABC, que explicó a los delegados del IPI que no hay “ningún problema con la libertad de expresión en España” y que el Gobierno de Rajoy es “el más liberal con los medios”.

El informe subraya que pese a todo los grandes medios “han seguido investigando y descubriendo casos serios de corrupción y malas prácticas en los niveles más altos del poder”. También cita a EL ESPAÑOL como ejemplo de “la proliferación de nuevos medios, sobre todo online, que aspiran a explotar el potencial de la revolución tecnológica” para informar sin miedo ni prejuicios sobre los más poderosos. “Muchos de estos editores subrayaron un modelo económico basado en la promoción de su independencia de las fuentes asociadas con ciertos intereses económicos y políticos”. Cuanto más dependamos de ti, lector, más fácil será hacer nuestro trabajo.

Entre 2008 y 2014, según datos de la Asociación de la Prensa, al menos 364 medios cerraron. En el mismo periodo, se crearon unos 450, la mayoría online. Lo buena que sea la noticia depende del trabajo de cada día. Depende de lo que pase después de LA llamada. Y de repente un día dejan de llamar.