El rugido del león

Artur Mas, a un paso de la inhabilitación

Los testimonios de dos inspectores de Educación de la Generalitat de Cataluña que denuncian que desde la Consejería de Educación se dieron instrucciones y se colaboró en la organización de la consulta soberanista del 9-N, aun a sabiendas de que había sido suspendida por el Constitucional, complican mucho el futuro político de Artur Mas, de la ex vicepresidenta Joana Ortega y de la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau.

Ortega y Rigau declaran este martes ante el juez instructor y Mas lo hará el jueves. Los tres están imputados por haber desobedecido la resolución del Alto Tribunal y deberán responder, también, por los posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Si resultaran condenados, serían inhabilitados para ocupar cargos en la Administración.

Las nuevas pruebas reunidas durante la instrucción que ahora desvela EL ESPAÑOL demuestran que responsables políticos de la Generalitat y algunos de sus funcionarios actuaron en contra de la orden del Constitucional. Los dos inspectores confirman que hubo reuniones informativas en las que altos cargos de los Servivios Territoriales de Educación dieron instrucciones acerca de cómo ceder las llaves de los institutos y cómo coordinarse con los voluntarios que participaron en la organización de la consulta. Ambos concluyen que fue "designio de la Generalitat" celebrar la jornada en contra de lo ordenado por el Alto Tribunal.

Ambos explican también que cuando informaron a los directores de institutos de sus áreas respectivas de que debían abstenerse de colaborar en ese proceso fueron reconvenidos por su superior jerárquico, el inspector jefe, que les indicó que estaban extralimitándose en sus funciones, aun cuando la ley les confiere el papel de asesores para que no se cometan irregularidades en los centros.

Estas nuevas revelaciones no son las únicas que confirman el propósito de la Generalitat de celebrar la consulta y vulnerar la ley. Una exdirectora de centro ha aportado correos electrónicos cruzados entre los responsables de institutos de los que se deduce claramente que la Generalitat coordinó la jornada de votaciones.

Existe además una factura satisfecha por la Generalitat por valor de cerca de 700.000 euros en la que ésta se hace cargo del soporte informático utilizado el 9-N.

Los nacionalistas catalanes han programado concentraciones de protesta coincidiendo con los días y horas en los que Mas, Ortega y Rigau deben declarar. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que este lunes ha demostrado su escasísimo nivel -"vergüenza de Estado aquel que celebra un genocidio", ha manifestado para criticar la Fiesta Nacional-, se implicará en las movilizaciones. Más sorprendente es que lo hagan los responsables de UGT y CCOO en Cataluña, Álvarez y Gallego, respectivamente. Méndez y Toxo deberían tomar cartas en el asunto para evitar algo tan bochornoso como que quienes tienen que velar por la defensa de los trabajadores opten por ir de la mano de personajes como Colau en contra del funcionamiento del Estado de Derecho. ¿O es que estar en la Generalitat da partente de corso?

Mas dijo en su día que el 9-N era una "rebelión democrática" y argumentó que "poner las urnas" no podía ser algo delictivo. Sin embargo, lo que parece cada vez más acreditado en sede judicial es que desobedeció la resolución del Tribunal Constitucional que suspendía su consulta. Y nada hay más antidemocrático que contravenir las leyes, que son expresión de la voluntad de la soberanía nacional.