El Gobiermo de Isabel Díaz Ayuso ha anunciado una nueva batería de rebajas fiscales sobre el IRPF, impuestos de Transmisiones Patrimoniales y de Actos Jurídicos Documentados, para favorecer el acceso a la vivienda. Todo ello, según calcula el Ejecutivo autonómico, beneficiará a cerca de 500.000 ciudadanos y supondrá un ahorro fiscal de 118 millones de euros el primer año de su vigencia.

Así lo ha anunciado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. El aluvión de medidas forma parte de un anteproyecto de ley que Sol quiere poner en marcha en los próximos meses. Las medidas se enmarcan dentro del Pacto Regional por la Vivienda presentado recientemente por la presidenta popular. 

En concreto, según informa Europa Press, se establecerá una deducción en el IRPF de 1.000 euros a quienes formalicen nuevos contratos de arrendamiento de viviendas, que hayan estado en desuso al menos un año, y se incorporen al mercado del alquiler con contratos de duración superior a 3 años. Los beneficiarios serán los propietarios o usufructuarios que no tengan más de cinco propiedades inmobiliarias. El ahorro sería de 20 millones y alcanzaría a 20.000 ciudadanos.

En cuanto a los préstamos hipotecarios por vivienda habitual, se creará una bonificación del 25% sobre la diferencia que se establezca entre los intereses pagados y los que se habrían satisfecho tomando como referencia el euríbor de diciembre de 2022, con un límite de 300 euros anuales, siempre que el préstamo sea de tipo variable. Se estima que esta iniciativa beneficiará a cerca de 450.000 contribuyentes y generará "un alivio fiscal en torno a los 90 millones", ha desgranado el consejero madrileño.

Rebajas para vivir en pueblos pequeños

Además, el Gobierno regional ha diseñado un nuevo paquete de rebajas tributarias para combatir la despoblación de los municipios rurales. García Martín ha hecho hincapié en que el objetivo es "ayudar a los jóvenes menores de 35 años para que establezcan su residencia habitual en alguna de las localidades con menos de 2.500 habitantes, bien sea compra o alquiler". En total, se prevé que beneficiará a más de 1.200 contribuyentes y generará un ahorro de más de 8 millones de euros durante el primer año.

Por un lado, se fija una deducción por traslado de la residencia a una de esos municipios de 1.000 euros en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia, con la condición de que el contribuyente la mantenga los tres ejercicios siguientes.

Por otro, los jóvenes que adquieran una vivienda habitual en uno de estos pueblos se podrán deducir el 10% del precio de adquisición, con un límite anual de 1.546 euros durante diez ejercicios fiscales.

Junto a ello, se establecerá una bonificación del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en caso de adquisición de vivienda de segunda mano, y de Actos Jurídicos Documentados (AJD), en caso de vivienda nueva.