El diputado catalán y exconsejero de Justicia, Germà Gordó.

El diputado catalán y exconsejero de Justicia, Germà Gordó.

Tribunales Caso 3%

El fiscal pidió entrar al Parlament por ser Gordó la unión de CDC y contratistas

La Guardia Civil quería registrar el organismo pero Anticorrupción se opuso.

Carlota Guindal

La Fiscalía Anticorrupción cree que el diputado catalán y exconsejero de Justicia, Germà Gordó era el hombre del tesorero del Convergencia, Andreu Viloca, para conseguir las donaciones de contratistas. Y por esa razón solicitó al instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que requiriera documentación tanto en el Palau como en el Parlamento catalán, lugares donde Gordó podría haber mantenido reuniones con empresarios para negociar donaciones al partido a cambio de concesiones de obra pública.

En el escrito remitido por el Ministerio Público al magistrado Carlos Ramos, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, sostiene la necesidad de hacer un requerimiento a las instituciones para obtener información respecto de los delitos que se imputan a Gordó, exsecretario del Gobierno catalán y uno de los hombres fuertes de Artur Mas.

Según la Fiscalía, “las declaraciones de testigos e investigados han permitido concluir que, al menos, una de las coberturas que tenía Viloca era Gordó, actor principal en las contrataciones que se realizan en Cataluña, siendo la persona de contacto de los contratistas de la Administración catalana”.

Anticorrupción se basa, entre otros, en los testimonios de los testigos protegidos que han declarado ante el juez del Vendrell (Tarragona) que investiga la financiación ilegal de CDC, en el asunto conocido como el caso del 3%.

También constan otras declaraciones de testigos “que permiten constatar esta estructura de asignación fraudulenta de concursos de servicios y obras públicas alrededor de Gordó", pues a él se refieren tanto el trabajador de Infraestructures, quien entregó a la Guardia Civil una caja fuerte y cuatro maletines que el exdirector general de Infraestructures, Josep Antoni Rosell, le había confiado "como Fraile (“Infraworker”) en su declaración ante el Juzgado de El Vendrell”.

La Guardia Civil quería registro

El magistrado que se encarga de la parte que afecta a Gordó -al ser aforado por el Parlamento catalán- acordó los requerimientos solicitados por la Fiscalía, que se ejecutaron el pasado 20 de julio, así como la entrada y registro en las dependencias del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

La Guardia Civil pretendía realizar entradas y registros en el Palau y el Parlament, a lo que se opuso Anticorrupcuón, solicitando al juez únicamente requerimientos. En el escrito, el fiscal explica que con los requerimientos se da “un juicio de proporcionalidad que no responda solo a la gravedad de los delitos imputados a Gordó ni tan siquiera a las dificultades que hasta ahora se han planteado por quienes debían colaborar con la Justicia”.

Para la Fiscalía, también debía realizarse un “juicio de ponderación” atendiendo a las instituciones (de representación de los ciudadanos) “cuyas entradas y registros se solicita por esta Fiscalía que sean denegadas, al menos en las condiciones que nos encontramos ahora”. La diferencia entre una entrada, un registro y un requerimiento es que en el segundo se reclama una información concreta para que sea entregada sin que entren los agentes y accedan ellos directamente a las instalaciones y recojan la información que consideren de interés para la investigación.

El fiscal explica en su escrito que “tan solo, en caso de una conducta por parte de las personas que deban cumplir dichos requerimientos que, directa o indirectamente, obstaculice la ejecución y buen fin de los mismos, habrá de procederse, en última instancia, a autorizar la correspondiente diligencia, o diligencias, como entradas y registros”.

Pagos sistemáticos

Los investigadores han obtenido varias pruebas a lo largo de la instrucción para determinar de manera indiciaria que Gordó es responsable de un delito de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre otros datos, se basan en la información conseguida en las entradas y registros en los domicilios personales y sociales de los empresarios que en su momento fueron detenidos, así como en la sede de la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, S. A. y en el despacho que ocupaba el tesorero del partido político Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Andreu Viloca.

“Durante el desarrollo de la investigación ha quedado acreditado que Viloca, siendo administrador y tesorero de CDC y de la Fundación CatDem, llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder de CDC”, recoge el escrito.

Para la Fiscalía, Viloca -que ya fue detenido y es uno de los principales investigados en el asunto del Vendrell- “es quien controlaba, en una primera instancia, de forma sistemática los pagos encubiertos que recibía finalmente CDC, verdaderos cohechos bajo la apariencia de donaciones, a través de sus fundaciones vinculadas: CatDem y Forum Barcelona”.

Se intervinieron en el despacho de Viloca, en la sede de CDC, anuncios de licitaciones que posteriormente eran adjudicadas a unas empresas con cuyos representantes se reunía previamente y de quienes se recibía donaciones para la fundación vinculada al partido.

Los investigadores constataron cómo dichas empresas contratistas efectuaban la oportuna donación a CatDem, tanto en proximidad a la publicación de las licitaciones como inmediatamente posterior a la adjudicación. “Analizada la documentación intervenida, resulta que uno de los ejes de la investigación es la cobertura que Viloca tenía en CDC para realizar las diferentes actividades delictivas que se le imputan. Es decir, quién o quiénes del partido CDC conocían y consentían, incluso ideaban, el sistema de adjudicaciones de obra pública determinadas por donaciones a CatDem que, finalmente, iban al patrimonio del propio partido político”, sostiene Anticorrupción.