Reunión del pleno del Consejo General del Poder Judicial

Reunión del pleno del Consejo General del Poder Judicial Efe

Tribunales

El fiscal respalda a la jueza que preguntó a una violada si 'cerró las piernas'

Pide por segunda vez el archivo del expediente disciplinario abierto por desconsideración a la mujer.

María Peral

La Fiscalía ha pedido, por segunda vez, el archivo del expediente disciplinario abierto a la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vitoria por el trato dado a una mujer que denunció haber sido víctima de dos agresiones sexuales por parte de su expareja.

La magistrada fue denunciada al Consejo General del Poder Judicial por la asociación Clara Campoamor, que consideró que determinadas preguntas que formuló a la denunciante durante su declaración judicial fueron "ofensivas" y "atentatorias contra su dignidad".

Los hechos sucedieron en febrero de 2016, cuando la jueza, en el curso del interrogatorio a la mujer, le preguntó "¿cerró bien las piernas? ¿cerró toda la parte de los órganos femeninos?", a lo que ella contestó escuetamente "sí". Ni en ese momento ni al acabar la diligencia hubo queja alguna por parte de la letrada de la denunciante ni tampoco por parte de la representante del Ministerio Fiscal.

Después de tramitar unas diligencias informativas, el promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial archivó las actuaciones, pero la Comisión Permanente revocó esa decisión y le ordenó iniciar un expediente disciplinario.

El promotor de la acción disciplinaria tomó declaración a la magistrada, a la fiscal y a la abogada de la mujer, entre otras pruebas, y volvió a archivar el expediente con el parecer favorable del fiscal.

Propuesta de sanción

La Comisión Permanente del CGPJ, no obstante, estimó un recurso de la asociación denunciante y revocó por segunda vez el archivo. Ello ha dado lugar a la formulación de una propuesta de sanción por parte del promotor en funciones, José Sierra, que considera que la conducta de la magistrada debe sancionarse con una multa de 500 euros por una "falta grave de consideración" a una ciudadana o, alternativamente, con una advertencia por una falta leve.

El promotor se basa en las consideraciones vertidas por la Comisión Permanente cuando revocó el archivo y señala que las expresiones sobre el cierre de las piernas "fueron consecutivas, a modo de reiteración de otras preguntas cuyas respuestas ya dejaban clara la falta de consentimiento y resistencia de la víctima a mantener relaciones sexuales con el presunto agresor. Así, tal y como consta en la grabación de la declaración judicial, la víctima ya había expresado que el presunto agresor la obligó a tener relaciones, que le había dicho a él que no quería tener relaciones y que aún así la forzó a tener relaciones con él".  

Para el promotor, las preguntas de la magistrada suponen "una reiteración gratuita e innecesaria para los fines de la instrucción" y son "susceptibles de lesionar la normativa sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos".

El fiscal está en desacuerdo con esa argumentación y con cualquier sanción a la jueza porque no ve infracción disciplinaria alguna.

En un escrito firmado por Luis Navajas, número dos de la Fiscalía General, se sostiene que esas preguntas se formularon "con la exclusiva finalidad de obtener la versión más precisa sobre los hechos dada la gravedad de los mismos, toda vez que la denunciante se había mostrado muy reticente durante su comparecencia y mostraba cierta dificultad en el empleo y comprensión de la lengua castellana".

Investigar la denuncia

La denuncia de la mujer contra su exmarido, presentada en 2016, incluía delitos de amenazas, insultos, coacciones y agresiones físicas que se habrían iniciado en el año 2000 y dos violaciones que se habrían producido en 2011 y 2012. Había presentado una primera denuncia en diciembre de 2015 que dio lugar a un juicio rápido por un delito leve, del que el marido fue absuelto. Una segunda denuncia dio lugar a otro juicio rápido que quedó suspendido por la interposición de unos recursos, desistiendo el letrado y la víctima de la solicitud de una orden de protección.

Estas circunstancias, afirma el fiscal, "aconsejaban a la magistrada extremar su rigor investigador en la búsqueda de la verdad". La propia fiscal que asistió el interrogatorio ha considerado que las preguntas controvertidas "encajaban perfectamente en el ámbito de la averiguación de los hechos" y por eso no consideró oportuno formular protesta alguna, "sin que la denunciante reaccionara negativamente ante la pregunta". Su letrada, sin embargo, declaró al promotor que la pregunta "había incomodado gravemente a su representada", aunque no se había decidido a formular queja en el acto.

Para el fiscal, "no puede olvidarse tampoco que, ante la realidad de que la denunciante mostraba cierta dificultad en el empleo y comprensión del castellano, la magistrada optara por recurrir a unas expresiones muy claras y directas, sin abrigar con ello ánimo alguno de menospreciar la dignidad de la declarante".