El presidente del periódico La Razón, Mauricio Casals, y el expresidente del Gobierno de Madrid Ignacio González sabían desde hacía al menos cinco meses que sus conversaciones estaban siendo intervenidas por orden judicial. Lo sabían porque "una magistrada amiga de la casa" había llamado para prevenirles.

Así se desprende de una conversación recogida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el 22 de noviembre de 2016, en la que González comenta con Eduardo Zaplana, ex ministro y portavoz del Gobierno de José María Aznar, su último encuentro con Casals.

"El otro día me dice Mauricio (...) era la comida de colaboradores de La Razón", comienza señalando Ignacio González en esa conversación, cuya transcripción ha conocido EL ESPAÑOL.

"Vamos a comer allí, me siento en una mesa de esas enormes y tal y cuando vamos a sentarnos se sienta Mauricio, nadie se quería sentar al 'lao' de él, me siento al 'lao' de Mauricio y al otro 'lao' Parera [Joaquín Parera, fundador de La Razón] y [Casals] me dice: 'Oye, ¿tú le has dicho a Edmundo esto que tenemos...?". Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de la editora de La Razón y presidente de Inassa (filial sudamericana del Canal de Isal II) es otro de los detenidos en la Operación Lezo.

Según Ignacio González, Casals le dijo que "Edmundo está 'acojonao', me ha dicho que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabao una conversación de Edmundo muy extraña'".

Los fiscales querían detenerles

Casals y el director de La Razón, Francisco Marhuenda, han declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigados por supuestos delitos de obstrucción a la Justicia y organización criminal. De acuerdo con los fiscales anticorrupción encargados de la Operación Lezo, ambos y Edmundo Rodríguez Sobrino habrían utilizado su poder en los medios de comunicación para "condicionar" o "tratar de influir" en la actual presidenta del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, para que no presente pruebas incriminatorias contra Sobrino por las irregularidades detectadas en la compra por Inassa de la sociedad brasileña Emissao.

Los fiscales llegaron a plantear la detención de Casals y Marhuenda junto a la del resto de los implicados en la Operación Lezo alegando la necesidad de lograr el "cese inmediato del ataque" a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "por ello, se dirige contra los ciudadanos de esta comunidad autónoma", llegaban a afirmar los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá.

El fiscal jefe anticorrupción, Manuel Moix, consideró exagerado este planteamiento y descartó la necesidad de las detenciones del presidente de La Razón y del periodista.