Carlota Guindal Daniel Montero

La Guardia Civil ha irrumpido en las oficinas de la empresa tecnológica Indra en su segundo día de la Operación Lezo y paralelamente ha detenido a quien fuera el máximo responsable de la Agencia de Informática y Comunicación (ICM) de la Comunidad de Madrid, José Martínez Nicolás. El vínculo entre ambos es que desde la empresa pública se adjudicó a Indra una serie de contratos 'inflados' a cambio de que ayudara a pagar la campaña del PP madrileño en las elecciones autonómicas de 2011, siendo candidata Esperanza Aguirre.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación, Indra habría financiado ilegamente al PP, por lo menos para la campaña de 2011. Concretamente, habría pagado a proveedores del partido en torno a los 700.000 euros, que se habrían pagado a través de intermediarios. La presunta financiación ilegal del PP en esa campaña también está siendo investigada en el caso Púnica, en el que los investigadores disponen de documentación sobre esta financiación que guardaba su tesorero entonces, Beltrán Gutierrez.  

En esas elecciones, Ignacio González -detenido este miércoles como el líder de la organización criminal en torno a la Comunidad de Madrid que se investiga-  estaba al frente del comité de campaña. Según la tesis que maneja la Audiencia Nacional, el partido cerró su contabilidad oficial con el Tribunal de Cuentas ese mismo año, pero dejó sin pagar a varios proveedores que giraron en 2012 facturas por conceptos ficticios a la empresa Indra, contratista de la Administración autonómica. En total y según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los investigadores de la Operación Lezo barajan pagos fuera del circuito oficial del partido por valor de 700.000 euros.

No es la primera vez que Indra aparece vinculada presuntamente a la financiación ilegal del Partido Popular. En la Operación Púnica, también desarollada por la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la empresa de tecnología aparece ya como presunta financiadora de los gastos del partido de Esperanza Aguirre. En elmarco del caso Púnica también se encuentra investigado Martínez Nicolás por hechos similares.

Contrato inflado en 1 millón de euros

En el caso que ha costado la detención a González, los investigadores trabajan con la tesis de que Indra recibió un contrato público sobrevalorado en un millón de euros por parte de la empresa pública ICM (Agencia de Informática y Comunicación), encargada de los servicios telemáticos de la Comunidad de Madrid. Después y siempre según estas pesquisas, parte de esos fondos se utilizaron para pagar las facturas pendientes de la campaña electoral de 2011. Facturas que quedaron fuera del control del Tribunal de Cuentas y que corresponden en realidad a servicios prestados para el partido.

El gobierno regional, con Ignacio González en la presidencia, estuvo a punto de firmar otro contrato millonario con Indra por 4,5 millones de euros, a través de la agencia informática, después de que saltara el escándalo por el caso Púnica, y en el que fue detenido el ex número tres de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, actualmente en prisión desde octubre de 2014.

El objeto del contrato era la difusión del escrutinio electoral de 2015 y que supondría que los madrileños pagaran un sobre coste cercano al millón de euros. El problema de este contrato es que se solapaba con otro contrato ya adjudicado por el Ministerio del Interior a Indra. Al contrato firmado por Interior, las comunidades que celebraban sus elecciones autonómicas el 24 de mayo de ese año podían sumarse a través de un convenio para evitar un mayor gasto de dinero público durante el proceso.

Se iba a pagar casi un millón de euros más por el mismo servicio ofrecido por la misma compañía. En el año 2011, la Comunidad de Madrid ya optó por no suscribirse al convenio y contratar directamente a Indra, suponiendo a la Comunidad un sobrecoste de casi un millón de euros.

La Comunidad hizo pública la oferta del contrato en julio de 2014 -pocos meses antes de saltar la operación Púnica-, a través de la Consejería de Presidencia, dirigida entonces por Salvador Victoria. El presupuesto era de casi 4,5 millones de euros, casi dos millones más que en el año 2011. La adjudicación sería anunciada en enero de 2015, pero con el escándalo de la Púnica en plena ebullición y las campanadas de los pelotazos de Indra quedó paralizado.