Caso Malaya

El dinero perdido de la operación Malaya

El tribunal pide que la Agencia Tributaria localice el patrimonio oculto de los condenados en el extranjero y puedan cobrarse así 550 millones en multas.

Juan Antonio Roca, ex asesor del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.

Juan Antonio Roca, ex asesor del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. EFE

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El juicio del caso Malaya, el mayor proceso por corrupción municipal celebrado en España, constituyó un hito para el Poder Judicial. El sumario, de 200.000 folios, se almacenó en un búnker en los sótanos de la Ciudad de la Justicia para su uso y cotejo durante la vista, se sentó en el banquillo a 95 acusados, y en el estrado a los mejores bufetes del país. El tribunal pilotó con éxito 199 sesiones, y alumbró una sentencia de 5.774 páginas, que el Tribunal Supremo confirmó en su mayor parte. Lo más difícil será, sin embargo, ejecutar las penas, pues para ello habrá que localizar el dinero oculto en el extranjero por los principales condenados.

El pasado mes de julio, y en ejecución de la sentencia, la Sección Primera de la Audiencia y el Área de Cooperación Jurídica Internacional de la Fiscalía iniciaron los trámites para traer a España el dinero embargado en las cuentas en el extranjero descubiertas durante la fase de instrucción del caso. Se hicieron gestiones en Suiza y en Andorra apelando a diversos convenios internacionales. Sin embargo, a día de hoy el resultado es el cobro de apenas una pequeña parte del total.

La sentencia impone 550 millones de euros en multas a los condenados, de los que 233 millones deberán ser abonados por el principal implicado, el ex asesor de Urbanismo de Marbella y factótum de los gobiernos del GIL, Juan Antonio Roca, condenado además a 17 años de cárcel. Para ello, los asesores de Roca llevan meses tratando de subastar sus bienes ‘conocidos’ a través de una página web autorizada y pilotada por la propia Audiencia Provincial de Málaga. De este modo se han vendido ya varias fincas, relojes de la marca Bulgari o cerámicas de Picasso y Jean Cocteau.

Lejos de esa astronómica cifra, pero con cuantías igualmente elevadas, se encuentran constructores como José Ávila Rojas, condenado a pagar 16 millones de euros, el empresario Carlos Sánchez (2,5 millones), el ex dueño de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado (2,2) o el ex comisario de Policía Florencio San Agapito, a quien se le impone el pago de 600.000 euros.

El principal problema reside en las multas impuestas a los testaferros de Roca como Salvador Gardoqui (100 millones de euros), el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta (100 millones), Montserrat Corulla (30 millones), Óscar Benavente (8,6 millones) o el prófugo Juan German Hoffman, socio de Roca en varios operaciones urbanísticas y a quien se le ha condenado al pago de 17,3 millones de euros. El ex primer teniente de alcalde Pedro Román fue condenado al pago de 6,7 millones que tampoco ha abonado. ¿Dónde está ese dinero? Desde luego, en España no.

ACTIVOS EN EL EXTRANJERO

La Fiscalía y el tribunal reconocen la dificultad para levantar el velo societario y localizar bienes de terceras personas en el extranjero. Por ello, tras pedirlo el Ministerio Público, la Sala ordenó hace unos días en una providencia que los mismos funcionarios de la Agencia Tributaria que investigaron en su día el caso Malaya, a las órdenes del joven juez Miguel Ángel Torres, se pongan al frente de una nueva investigación para localizar los activos patrimoniales de los principales condenados fuera de las fronteras españolas.

La envergadura de la tarea es enorme. El tribunal confiesa en su providencia que desde que ordenó en enero pasado la ejecución de la sentencia están pendientes de pago la mayor parte de las multas impuestas, y que no han sido suficientes las gestiones acometidas a través del Punto Neutro Judicial para verificar la verdadera capacidad patrimonial de los condenados, ya que los bienes o fondos podrían estar bajo la cobertura de personas físicas o jurídicas para ocultar su titularidad real. Por eso ha decidido confiar esta tarea a los funcionarios de la Agencia Tributaria que participaron en la investigación del caso, valorando “sus conocimientos previos”.

La Sala ha ordenado también que la Policía Nacional encomiende a dos funcionarios del Grupo de Localización de Activos de la Comisaría Provincial de Málaga el seguimiento del rastro del dinero de los condenados. Sin embargo, el tribunal no ha secundado aquí el deseo manifestado por la Fiscalía de que fueran los dos agentes que investigaron Malaya –más tarde apartados del caso- quienes se hicieran cargo de estas nuevas pesquisas. Los agentes, especializados en blanqueo de capitales y delincuencia económica, fueron los que descubrieron que el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, disponía de dos sociedades en la Isla de Man.

CÁRCEL POR MULTAS

En total, el pasado mes de enero la Audiencia ordenó que cumplieran condena mediante el pago de multas millonarias 18 de los 46 condenados. A la dificultad para localizar sus bienes se suma que algunos de ellos, como Juan German Hoffman o Andrés Liétor, están en paradero desconocido. Para otros 27 el tribunal ordenó el ingreso en prisión.  

El tribunal abrió la posibilidad de que aquellos que fueron condenados a penas inferiores a dos años de cárcel pudieran sustituir dichas penas por el pago de determinadas multas. Las dificultades para cobrar en cualquier caso están haciendo cada vez más difícil la eficacia de esta vía de cumplimiento.

En caso de impago de las multas, los condenados verán embargados sus bienes, y si se declaran insolventes, se les añadirán dos meses más a las penas de prisión que ya tengan en la sentencia.

Han pasado ya diez años y medio desde las primeras detenciones que dejaron sin equipo de gobierno al Ayuntamiento de Marbella. La ciudad, que recuperó el gobierno un año después, está en cambio muy lejos todavía de recuperar el dinero sustraído de sus arcas. El Supremo ya dejó sin efecto la decisión de la Sala malagueña de que los bienes decomisados y el importe de las multas se destinaran a abonar las deudas generadas por el Ayuntamiento marbellí y ordenó que dichas cantidades se adjudicasen al Estado. El Estado, sin embargo, va a tener muy difícil recuperar el dinero.