En Pozoblanco (Córdoba)

La nueva víctima de Prenda y su grupo acudió a un policía tras el abuso, pero no la creyó

Fue abandonada a golpes en un descampado. Antes grabaron los tocamientos con el móvil del guardia civil, destinado en la zona.

Los cinco detenidos por la presunta agresión de San Fermín.

Los cinco detenidos por la presunta agresión de San Fermín.

La joven de 21 años que ha denunciado a cuatro de los acusados de la violación de San Fermín por otro caso de abusos sexuales en Pozoblanco (Córdoba) acudió a un policía municipal tras los hechos, pero no la creyó. Así se recoge en el informe elaborado cinco meses después por la Policía Foral de Navarra y que ha servido al juez de Pamplona para imputar de nuevo a los denunciados. Uno de ellos es el guardia civil Antonio Manuel Guerrero Escudero, quien en el momento en el que se produjeron los hechos se encontraba destinado en la localidad cordobesa.

"La presunta víctima manifiesta verbalmente que relató lo sucedido a varios amigos e incluso a un agente municipal, no creyéndole, motivo por el cual no llegó a presentar denuncia en aquellas fechas", asegura la Policía Foral en su informe remitido al Juzgado y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Según informan fuentes jurídicas, no fue hasta hace unos días cuando la chica procedió a denunciar formalmente los hechos, alertada por los investigadores sobre la existencia de un vídeo que probaba los presuntos abusos.

Fue después de que la Policía Foral analizase unas nuevas imágenes en el Iphone 5 propiedad del guardia civil. El mismo aparato que entregó voluntariamente a las autoridades tras su arresto el 7 de julio y cuyo contenido está usando el juez precisamente para apuntalar las acusaciones contra él y sus amigos. En este nuevo documento "se observa que la escena está grabada en el interior de un vehículo conducido por Antonio Manuel Guerrero Escudero, estándo como ocupantes Jesús Escudero Domínguez, José Ángel Prenda Martínez y Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena".

Vía telefónica

Según recoge el mismo informe, elaborado el 26 de septiembre, el vídeo localizado muestra a la joven en el centro del asiento de atrás y "en aparente estado de inconsciencia". Los acusados la someten a "reiterados tocamientos en su zona mamaria, y besos en su boca, sin que reaccione a las actividades de índole sexual de los investigados, los cuales ríen y gesticulan, mientras se producen dichas acciones, participando todos activamente en los tocamientos y palpaciones sobre los senos de la mujer", refleja el documento.

Al estudiar las imágenes, uno de los agentes forales realizó "diferentes indagaciones" y logró identificar a la víctima con la que se puso en contacto vía telefónica. La mujer volvió a relatar los hechos, que en este caso sí fueron valorados por las autoridades. Narró que los presuntos abusos sexuales ocurrieron la madrugada del 30 al 1 de mayo de este año en una localidad a escasos 20 kilómetros de Pozoblanco "cuando regresaba a su casa, tras haber estado de fiesta con unos amigos".

Abandonada a "golpes"

La joven explicó a lo que contactó con un chico que se ofreció a llevarla a su casa en coche "no recordando exactamente lo que sucedió en el interior, aunque al despertar, se hallaba desnuda, en una zona de descampado". Una vez recobró la consciencia, el varón le pidió mantener relaciones sexuales, pero ella se negó por lo que fue "obligada mediante golpes a salir del vehículo, quedando abandonada en el descampado". Al terminar su declaración ante el agente foral, la chica manifestó su deseo de presentar denuncia contra los cuatro jóvenes sevillanos, cinco meses despúes de los hechos.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona que investiga la presunta violación de San Fermín ha imputado a estos cuatro sevillanos por un presunto caso de abuso sexual, pero se ha inhibido en favor de los juzgados de Pozoblanco de los que depende la localidad en la que supuestamente tuvieron lugar los hechos.

Enmarca lo sucedido en el artículo 181 del Código Penal, según el cual, "el que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses". Se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o se anule su voluntad mediante el uso de drogas, añade el mismo artículo.

Este juez identifica al militar Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena como la persona que se ofreció a llevar a la chica en coche y quien luego le pidió mantener relaciones sexuales. También quien reaccionó violentamente ante su negativa. En el coche viajaban además Jesús Escudero Domínguez, José Ángel Prenda Martínez y el guardia civil Antonio Manuel Guerrero Escudero. El miembro del Instituto Armado iba al volante mientras "todos ellos le tocaban los pechos", dice el juez. Precisa que el militar también le "besaba en la boca, riéndose entre ellos de la víctima".

El encargado de grabar la imágenes fue Prenda con el teléfono de su amigo Guardia Civil. En concreto creó dos archivos, uno de ellos lo compartió en un chat llamado 'Manada' en el que se referían a la joven como "bella durmiente". Se trata del mismo grupo que comparten con otras siete personas y en el que la noche de San Fermín informaron a sus amigos que no habían viajado a Pamplona de lo que habían hecho en el portal de la calle Paulino Caballero: "Follándonos a una entre los 5. Puta pasada de viaje. Hay vídeo".

Revocado el destino

En el coche que se desplazó a Pozoblanco sólo faltaba Ángel Boza Florido para completar el quinteto de arrestados en Pamplona y que compartían otro chat de WhatsApp llamado 'Veranito'. En ese grupo se planificó el viaje a San Fermín dos meses después y en él se planteaban adquirir burundanga. Además mostraban su deseo de mantener relaciones sexuales con "una buena gorda".

En el momento en el que sucedieron los hechos de Pozoblanco, el guardia civil Antonio Miguel Guerrero Escudero estaba destinado en esa localidad cordobesa en la que tenía fijada su residencia por motivos de trabajo. A raíz de su arresto en Pamplona por su presunta implicación en la violación múltiple durante las fiestas de San Fermín, la Dirección General de la Guardia Civil anunció que revocaba su destino.

La decisión se basó en que "los hechos delictivos que se investigan, además de por su gravedad, han provocado una importante alarma social, hieren la sensibilidad de los ciudadanos en general y generan un notable desprestigio de la Institución a la que pertenece el investigado, desde hace además pocos meses", rezaba el comunicado emitido al respecto por el Instituto Armado. Fuentes de este cuerpo explicaron que el agente no perderá su condición hasta que haya sentencia, pero de forma cautelar se le aparta del servicio y se le revoca el destino.

100 megas de 'whatsapps'

Desde el pasado 8 de agosto, la Policía analiza la información contenida en los teléfonos móviles de los detenidos tras ser requisados por la Policía Municipal de Pamplona. Se extrajeron seis vídeos de la presunta violación de San Fermín, todos de corta duración, en la memoria del móvil del guardia civil. Casi dos meses después apareció un nuevo vídeo de los hechos, en este caso de 40 segundos, hallado en el teléfono móvil del militar. De nuevo un vídeo, también encontrado en el móvil del agente del Instituto Armado, ha abierto otro frente judicial al grupo de los sevillanos.

Los abogados de los detenidos han tenido conocimiento este martes del auto emitido por el juez en el que se inhibe en favor de los Juzgados de Pozoblanco. Además se les han facilitado una serie de fotografías del suceso acaecido en el coche. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona también ha remitido a las partes un total de 100 megas de peso con los mensajes de whatsApp de los acusados.

Renuncia una de las abogadas

Por su parte, la letrada Carmen Sala, abogada de dos de los cinco encausados en la supuesta violación grupal cometida en San Fermín, ha decidido desistir de la defensa por "discrepancias con el modo en que realizan y van a realizar la defensa el resto de los abogados que trabajan en este asunto".

Según señala Carmen Sala, "las discrepancias entre los letrados son irreconciliables, no estoy conforme con las continuas manifestaciones de los otros abogados en los medios de comunicación, que a mi entender fomentan un juicio paralelo, discrepo también con el contenido de las manifestaciones que realizan por entender que no benefician a los clientes y con las actuaciones que tienen pensado realizar".