Mentiras en las aulas catalanas: "La Policía ha dejado parapléjico a porrazos a un niño"

María (nombre ficticio) llegó a casa del colegio con un papel. Un dibujo hecho con su mano de seis años donde un policía disparaba una pistola. Sus padres, agentes de la Guardia Urbana en Barcelona, le enseñaron siempre que su trabajo era el de encontrar a niños y personas que se pierden, el de regular el tráfico... el de ayudar a la gente y separarla siempre de la violencia.

Sin embargo, desde la llegada del 1-O, ellos eran los malos. Los que visten de uniforme, pegan a niños y mayores, y no dejan votar a la gente. Tanto que, de forma anónima, los padres de María tuvieron que denunciar lo que estaba pasando en la clase de primaria de María y ponerlo en conocimiento de la Alta Inspección de Educación de Cataluña, dependiente del Gobierno central y que es el organismo encargado, entre otras cosas, de velar por la neutralidad en las aulas. No sólo de Cataluña. Y no sólo frente al independentismo.

Fue el 17 de octubre del pasado año, dos semanas después del referéndum ilegal del 1-O, cuando el Ministerio de Educación trasladó a la Generalitat el primer compendio de quejas. Un informe al que ha accedido EL ESPAÑOL que documenta una veintena de casos concretos y detallados. "Casos puntuales", según los definieron después y en privado desde el Govern autonómico para restarte importancia.

El dosier alertaba ya entonces sobre serios problemas de contenido político en las aulas catalanas. Daba igual el bando. Adoctrinamiento enmascarado en la educación sobre derechos y libertades. No solo los padres lo denunciaban. También varios profesores, señalados por no bailarle el agua al independentismo y no adherirse a sus huelgas, actos y comunicados; a la presión social en que viven quienes no portan lazos amarillos en ese ámbito.

"Muchas familias de diferentes lugares de Cataluña nos están enviando correos electrónicos informando de incidencias sufridas por sus hijos e hijas por adoctrinamiento escolar de carácter político a menores en los centros escolares tras la convocatoria del referéndum del pasado 1 de octubre", escribía una funcionaria del Ministerio de Educación en el correo que hacía llegar a la Generalitat con el informe. 

En el cuerpo del correo incluía un resumen de los casos más alarmantes como botón de muestra. La identidad de los protagonistas estaba oculta, en atención a la Ley de Protección de datos y por el miedo explícito de los denunciantes a ser identificados por la Generalitat, por el propio colegio o por los profesores. Por el temor a ser tachados de colaboracionistas con el Estado español. 

Rivera muestra un colegio con una estelada en Cataluña durante un debate en el Congreso Javier Lizon Efe

El Ministerio de Educación remitió los datos a la Consellería para que se tomaran "las medidas oportunas". Pero sucedió todo lo contrario. Lo primero que hicieron los miembros de la Subdirección General de Inspección de Educación del Ejecutivo autonómico fue tachar las denuncias de "hechos puntuales ocurridos en algunos centros" y restarles importancia, ya que "no se especifican datos que permitan identificar a las personas afectadas". "

"Tenemos que hablar sobre la respuesta que desde el departamento hay que dar a la alta inspección", escribía entonces uno de los principales responsables. Poco después, era la jefa de gabinete de la consellera Clara Ponsatí quien escribía: "Cuidado con la lista", y la ponía en conocimiento de la dirigente de JuntsxSí, según la documentación incautada por la Guardia Civil y que ha permanecido oculta en una pieza secreta sobre la investigación del 1-O desde entonces.

Un rey que viene a "llevarse el tesoro del pueblo catalán"

En el documento, un profesor explicaba que en el instituto barcelonés de La Guineueta se utilizaban horas lectivas para hacer movilizaciones políticas y que tras acudir junto a otros compañeros al centro pese a la huelga convocada para el 3 de octubre, "el instituto tiene el listado de no independentistas y están sufriendo acoso laboral por parte de la dirección y de un gran número de profesores".

El relato es similar al de otro docente de Vilafranca del Penedés. El profesor pedía asesoramiento al sufrir mobbing "por parte del equipo directivo al no querer firmar el manifiesto del claustro de profesores a favor del referéndum ilegal". Otra maestra de la zona centro de Barcelona denunciaba que se le había prohibido asistir a su puesto de trabajo el día 3 de octubre y obligado así a secundar la protesta contra la actuación policial del 1-O. 

En otro de los casos, un padre de primaria de un centro de Barcelona (omitido por EL ESPAÑOL para evitar que sea identificado) denuncia que a su hijo, con seis años, le han explicado que durante el 1-O "ha venido un rey con policías y guardias civiles a pegar, reprimir, someter, intimidar y llevarse el tesoro del pueblo catalán. Son gente mala de otro país". El padre explica que desde entonces y de forma intimidatoria los niños comentan "que va a venir la Guardia Civil y los va a tirar por las escaleras".  

En una céntrica escuela de la Ciudad Condal, es una madre de varios pequeños (el menor con 5 años) la que explica que durante los días posteriores al referéndum ilegal se llevaba a todos los escolares, de tres años de edad en adelante, a guardar un minuto de silencio y corear después gritos de independencia.

Niños ondeando la estelada.

Castigado sin patio por no cantar el himno

El padre de un alumno de 4º de primaria en Gerona escribió al Ministerio de Educación para denunciar que "en clase de música les obligan a cantar el himno de Cataluña todos los días y así desde que empezó el curso. Y si no lo cantan, les castigan sin patio. Dicho por el director, son las pautas que vienen de la Generalitat". 

En una pequeña localidad de Barcelona, una madre explica que la maestra le pregunta en clases a los niños "¿Cuál es tu país? y les dice que su país es Cataluña, que no son españoles, que son catalanes". Y en Salou, es una policía nacional la que denuncia a Educación que a su hijo le han explicado que "la Policía es mala, que pega a los niños y que han cogido por el cuello a un niño pegándole, además de decir que votar era legal. Al ser la única madre que es policía, tiene miedo a que sepan que está denunciando esta situación y tomen represalias contra ellos".

En Badalona otro padre describe que "el adoctrinamiento de los alumnos en el odio a España y lo español es permanente", mientras que en otro centro escolar de Barcelona, una madre explica cómo "a sus hijos se les hizo votar en un simulacro de elecciones para saber quién votaba y quién no. Unas abuelas vinieron a contarles a los más pequeños una historia de lo que había pasado el domingo, diciéndoles que la Policía no es buena, que pegaba a los ciudadanos". Esta madre informa de que tiene dos hijos pequeños y que no denuncia "por miedo a que les hagan la vida imposible".

"La Policía ha dejado parapléjico a porrazos a un niño"

En otra de las quejas presentadas ante el Ministerio de Educación, una madre alertaba de que el propio centro al que acude su niña, enviaba por whatsapp a los padres la propaganda de ANC o Òmnium, "mandando consignas para ocupar el colegio e ir a votar". Según el documento del Ministerio "varios padres denuncian la publicación del libro Abecedario de la Independencia y otros solicitan información sobre cómo denunciar adoctrinamiento en las escuelas", y sobre todo, "saber si este tipo de denuncias gozan de confidencialidad para evitar futuras consecuencias para los niños afectados". 

En una pequeña localidad de Gerona, un padre expone que tras la actuación policial del 1 de octubre, "los profesores hicieron sesiones específicas a los alumnos dándoles a conocer, entre otros datos, que la Policía ha dejado parapléjico a porrazos a un niño".

Así, el miedo y la necesidad de anonimato son prácticamente una constante entre los padres preocupados por la deriva independentista del colegio de sus hijos. "Las familias no denuncian ni exigen igualdad del castellano respecto al catalán en las escuelas por miedo a represalias", explica la madre de un alumno de sexto de primaria sobre los problemas que tiene su hijo en un colegio de Barcelona.

Según el documento, parte de las quejas llegaron además por el teléfono de atención al ciudadano 900.018.018. Allí, el padre de un menor de 16 años, explicó que una funcionaria del colegio de su hijo, les llamó para preguntarles su procedencia, ya que el niño "hablaba castellano" en lugar de catalán "como lengua habitual". La misma persona explica que a su hijo le pidieron en el colegio un trabajo con el título "Expolio, España nos roba", y que el menor fue expulsado de clase al negarse a realizarlo.