José Antonio Griñán

La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Griñán por el caso de los ERE

Considera que hay un delito continuado de malversación y otro de prevaricación. Además pide 10 años de inhabilitación para Chaves.

José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

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La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión y 30 de inhabilitación para el ex presidente socialista andaluz José Antonio Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación en el caso de los ERE, y 10 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por prevaricación.

La acusación pide ocho años de prisión para tres ex consejeros andaluces, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra ex consejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.

La Fiscalía acusa a Manuel Chaves, a José Antonio Griñán y al resto de exmiembros del Gobierno andaluz que se sentarán en el banquillo de haber aprobado las modificaciones presupuestarias y haber autorizado la consignación de los créditos para esos programas de ayudas.

En total, el dinero supuestamente malversado entre 2000 y 2010 habría ascendido a 741.596.545 euros, cantidad que los 18 acusados de malversación, encabezados por Griñán, deberán devolver a la Hacienda andaluza de forma solidaria en el caso de que sean condenados.

Los fiscales también acusan a Chaves y Griñán de conocer los informes de la Intervención y de otras instancias que desde 2002 opusieron reparos de legalidad a la gestión de las ayudas y, "con conocimiento de las deficiencias e irregularidades", "no tomaron decisión alguna que pusiera freno al procedimiento seguido por la Consejería de Empleo" ni cambiaron ese procedimiento.

El escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, señala que la labor de fiscalización de la Intervención de la Junta de Andalucía puso de manifiesto en el año 2000 una serie de irregularidades en la gestión de las ayudas sociolaborales que concedía la Consejería de Empleo. Estos reparos de la intervención andaluza llegaron a cuestionar y retardar el pago de este tipo de ayudas, lo que suponía un aumento de la conflictividad sociolaboral en la comunidad autónoma.

Sin fiscalización previa

Para evitar que la fiscalización de la Intervención entorpeciera las ayudas, los acusados modificaron los presupuestos de la Junta de Andalucía introduciendo una aplicación presupuestaria, “las transferencias de financiación” al Instituto de Fomento de Andalucía,(que luego pasó a llamarse IDEA), que permitía de manera consciente que los fondos públicos destinados a estos colectivos se gestionaran sin la obligada fiscalización crítica o previa, fiscalización que sólo existía a posteriori.

La gestión por la Consejería de Empleo de estas “ayudas sociolaborales” - de las que no se tenía público conocimiento porque al tratarse de ayudas excepcionales no tenían convocatoria a pesar de ser lo obligado ante su permanencia por más de 10 años - , junto con otro grupo de ayudas que se englobaron en las denominadas “ayudas a empresas” - que también carecían de convocatoria - ya no quedaba sujeta a una fiscalización previa individualizada.

Esto permitió que, de hecho, no se tramitaran expedientes en los que quedase registrado cada fase de las ayudas -solicitud de los beneficiarios , declaración de la excepcionalidad de la ayuda a dar, examen la documentación y acreditación de la situación que diera derecho a percibir la ayuda, resolución de concesión , publicidad y justificación-.

Además, los acusados buscaron no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas que se concedieron sin sujeción a procedimiento dado que, al no haber fiscalización previa y ordenar el pago que hacía luego el IFA, la intervención no podía comprobar la existencia de crédito anual suficiente para poder pagar los compromisos que se asumían.Hasta 2002 se movilizaron los fondos públicos al IFA mediante modificaciones presupuestaria aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de la Junta de Andalucía o por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda recogiendo en los anteproyectos de presupuestos desde dicho ejercicio y hasta el 2009 la aplicación "transferencias de financiación al IFA". En el ejercicio 2010 se aprobó una Encomienda de Gestión, sistema distinto que, si bien dio una mayor apariencia de formalidad en la tramitación de la ayudas, no supuso cambio alguno en la gestión presupuestaria de los fondos.

Conocimiento del Gobierno regional

Según la Fiscalía, como consecuencia de la ausencia de la fiscalización correcta y de la debida convocatoria pública de estas ayudas, se puso en manos de la Consejería de Empleo , año a año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno, vedando a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso a las mismas por falta de publicidad , facilitando que personas que ni siquiera pertenecían a la empresas accedieran a las ayudas, no fijando límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial - abonando campañas de publicidad, cursos de formación de voluntariado, etc...

Según el Ministerio Público, la gestión de esos fondos por los acusados pertenecientes a Empleo era conocida por el resto de encausados puesto que se puso de manifiesto en los informes realizados por la Intervención andaluza desde 2002, así como en los informes de auditoría de cuentas de IFA/IDEA y en varios informes encargados por la Consejería de Empleo a despachos de abogados y consultores externos a la administración autonómica, en los ejercicios 2008 y 2009.