LA NUEVA LEGISLATURA

Rajoy utiliza la Constitución contra el separatismo catalán pero se resiste a cumplirla

Pide al TC que castigue a los separatistas pero juega a la ambigüedad con su investidura.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría. Efe

El Gobierno en funciones ha pedido al Tribunal Constitucional que castigue a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por ser "la persona claramente implicada y afectada" que lidera una institución que vulnera "de manera flagrante el Estado de derecho y el orden constitucional". Lo ha dicho el mismo día que la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha vuelto a dejar en el aire si Mariano Rajoy se presentará a la investidura, como indica el artículo 99 de la Constitución, tras aceptar el encargo del rey. 
Tras el Consejo de Ministros de este viernes, Sáenz de Santamaría recordó que la desconexión de Cataluña que se aprobó esta semana en el Parlament "no es solo un desafío institucional, aquí hay un desacato ante el Tribunal Constitucional". Por eso es, a su juicio, el Alto Tribunal deberá discernir sobre la gravedad de que "una institución y sus miembros se quieran poner por encima de la voluntad de todos los españoles". 

De la obligación al "intento"

En la misma rueda de prensa, la vicepresidenta tuvo que defender como pudo la ambigüedad con la que Mariano Rajoy ha aceptado el encargo del rey. A su juicio, el líder del PP solo se ha comprometido a "intentar" formar gobierno. No a someterse a una sesión de investidura, como indica el artículo 99.2 de la Constitución y como defienden los expertos en derecho constitucional al unísono: "El candidato tiene que presentarse a la investidura".
En la línea que defendió el propio presidente del Gobierno en funciones tras aceptar el encargo del monarca, Sáenz de Santamaría afirmó que "antes que la coherencia jurídica está la coherencia política". En este caso, el Partido Popular interpreta a su libre albedrío el vacío de la Constitución, que solo indica que el candidato propuesto por el rey "expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara". 
Sáenz de Santamaría evitó interpretar ese vacío legal que hay en la Carta Magna, que no recoge en qué plazo debe celebrarse la sesión de investidura desde que el monarca se lo encarga a un candidato y éste acepta. Solo se limitó a replicar las palabras que pronunció el presidente del Gobierno en funciones tras comunicarle al rey que acepta el encargo pero que solo irá a una investidura para superarla. "Estamos ante un problema político y lo que España necesita es un gobierno. Algunos solo quieren un debate, y los debates tienen que tener un objetivo", resumió la 'número dos' del Ejecutivo, que volvió a apelar a la responsabilidad de todos los líderes políticos para desatascar la encrucijada política que atraviesa España.

¿Debate a posteriori?

A primer ahora de este viernes, fue el vicesecretario de Organización quien reconoció abiertamente que Mariano Rajoy puede no presentarse a esa sesión de investidura que pondría el 'reloj de la democracia' en marcha. "El acto formal de la investidura es un debate a posteriori", insistió, recordando que la Constitución no contempla que se tenga que fijar un plazo o una fecha concreta ya para la sesión de investidura. Si bien es cierto que la Carta Magna tiene alguna laguna en este sentido y no obliga a nadie a presentarse a una sesión de investidura forzado, los expertos constitucionalistas consultados por EL ESPAÑOL coinciden: "el candidato propuesto por el rey debe acudir necesariamente a la sesión de investidura". 
La Constitución tampoco recoge "ninguna sanción, ni administrativa ni penal" para aquellos que se escudan en un resquicio legal de la Constitución para evitar estrellarse al pedir la confianza al Parlamento. Así lo defiende, por ejemplo, el catedrático Javier Tajadura, que recuerda a Rajoy que la presión ahora se enfoca en Ana Pastor. Es la presidenta del Congreso de los Diputados la persona que tiene potestad para poner la fecha en la que se debe celebrar la polémica sesión plenaria para investir -o no- al candidato propuesto.

Una presidenta neutral

"Por eso es tan importante que la presidencia de la Cámara la ostente una persona neutral e independiente". Una presidenta de la Cámara exministra de Fomento y amiga íntima del presidente del Gobierno que tiene el encargo del rey de formar gobierno es, a su juicio, un problema. "Ella tiene la llave porque hasta que no se celebre esa sesión no saldremos de este limbo".