INICIATIVA PARLAMENTARIA

El PSOE pide una comisión de investigación sobre el uso de la Policía por Fernández Díaz

Los socialistas solicitan analizar "la utilización partidaria" del ministro, a quien atribuyen la creación de "estructuras policiales" para que actúen como "una policía política".

Fernández  Díaz, ministro del Interior en funciones.

Fernández Díaz, ministro del Interior en funciones.

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El PSOE ha solicitado este miércoles que se constituya una comisión de investigación en el Congreso que analice el uso partidista de las fuerzas de seguridad por parte del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y sus conversaciones con el exjefe de la Agencia Antifraude catalana Daniel de Alfonso.

Se trata de una de las primeras iniciativas parlamentarias presentada por los socialistas en esta nueva legislatura, con la que proponen que durante al menos tres meses esta comisión parlamentaria investigue la utilización de los efectivos, medios y recursos de las fuerzas de seguridad "con fines políticos" por parte de Fernández Díaz para "obstaculizar los escándalos de corrupción del PP".

Una comisión que el PSOE también quiere que compruebe las conversaciones entre el titular de Interior y De Alfonso, así como la filtración a los medios de comunicación de "supuestas" informaciones elaboradas por este departamento con el objetivo de actuar judicialmente contra determinados partidos.

Los socialistas reclaman además que se investigue a algunos mandos de la cúpula de la Policía Nacional, entre los que cita al comisario José Manuel Villarejo, y que considera "relacionados con escuchas y practicas ilegales" e integrantes de "una verdadera policía política inadmisible en un Estado de Derecho".

Según la proposición presentada, el PSOE solicita que la comisión esté compuesta por tres miembros de cada grupo parlamentario de más de 100 miembros, dos representantes de cada fuerza con más de 50 y un miembro de los restantes grupos.

Además de esta iniciativa, los socialistas han presentado también una proposición no de ley para derogar la ley de Seguridad Ciudadana, en vigor desde el 1 de julio de 2015, porque incide de manera "directa y negativa" en el ejercicio de diversos derechos fundamentales.

Por ello piden paralizar la ejecución de las sanciones vinculadas a estos derechos y trabajar en la elaboración de una nueva normativa "más respetuosa" con la Constitución.