Ley de enjuiciamiento criminal

La 'rebelión' de una jueza contra la falta de medios: no amplía la tramitación de una causa sencilla

Subraya en un auto que el legislador ha limitado los plazos de instrucción pese a conocer la carencia de recursos de la Justicia.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

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Una jueza ha rechazado la petición de la Fiscalía para que calificara una causa como compleja con el fin de ampliar hasta los 18 meses su plazo de instrucción, pese a que las diligencias no presentan otra dificultad que la lentitud de su tramitación por falta de medios.

Para la magistrada, ese motivo no permite prorrogar el procedimiento: el legislador, subraya, ya conocía la carencia de recursos suficientes en la Administración de Justicia y, aun así, optó por implantar plazos para la instrucción de los casos penales.

La llamada 'reforma Catalá', que entró en vigor el pasado diciembre tras su aprobación con el solo apoyo del PP, estableció un plazo de seis meses para la tramitación de las diligencias penales sencillas y de 18 meses para las causas complejas.

Para la declaración de la complejidad o no del procedimiento, las Fiscalías y Juzgados de España han tenido que examinar a uña de caballo todas las diligencias en tramitación (unas 300.000) durante los últimos seis meses.

La tarea de revisión de la totalidad de los procedimientos penales abiertos ha provocado un conflicto entre el Ministerio de Justicia y la Fiscalía porque los representantes del Ministerio Público se han encontrado con dificultades para tener a su disposición las causas. A punto de cumplirse el plazo de revisión, que venció el pasado lunes, el fiscal inspector, Fausto Cartagena, autorizó a los fiscales a "utilizar dictámenes uniformes", es decir, formularios sin motivación específica, para pedir la calificación de complejidad de los procesos.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó en una conferencia de prensa el 6 de junio que, pese a las quejas y dificultades, se ha logrado revisar el 100% de las causas penales en tramitación. Así lo ha defendido también en las redes sociales, con la consiguiente réplica de las asociaciones judiciales.

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La pretensión de una masiva declaración de complejidad de los procedimientos penales que no se han podido revisar con detenimiento no ha sido aceptada acríticamente por los Juzgados. Un ejemplo de ello es el auto dictado por una jueza de instrucción de Galicia en una causa en la que, afirma, no concurrían los requisitos legales que permiten calificar de complejas unas diligencias.

"No se dan los supuestos tasados que se contienen en el artículo 324.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ni tampoco ninguna circunstancia sobrevenida que haga que la instrucción no pueda razonablemente completarse en el plazo de seis meses", señala el auto, "no pudiendo considerarse como tal las dilaciones que pueden producirse como consecuencia de la falta de medios que padece la Administración de Justicia en nuestro país".

"Dicha circunstancia", añade la magistrada, "ya era plenamente conocida por el legislador al reformar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, sin embargo, decidió no arbitrar ningún medio para que la reforma introducida (...), en lo referente al acortamiento de la duración de los procedimientos judiciales, fuera una realidad".

Acortar "a cualquier precio"

A su juicio, "así se evidencia de lo dispuesto en la disposición adicional única de la ley, que dispone que 'las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones de personal, ni de retribuciones, ni de otros gastos de personal'".

La resolución indica que el caso que la Fiscalía quería declarar complejo no implica a grupos criminales ni se refiere a numerosos hechos punibles ni concierne a una gran cantidad de investigados o víctimas ni exige complicadas pericias o análisis, "pues dicha expresión legal no puede confundirse con que, por la penosa falta de medios que también tienen los Institutos de Medicina Legal o el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses o las unidades de policía judicial y científica que han de elaborarlos, un sencillo informe pueda tardar meses e, incluso, años en ser realizado".

De esta forma, concluye, "si queremos respetar la voluntad de la ley, que no es otra que acortar, a cualquier precio, la duración de los procesos penales, no procede declarar la complejidad pretendida por el Ministerio Fiscal".