'Dieselgate'

La Abogacía del Estado se opone a expedientar a Volkswagen por el fraude de subvenciones

Entiende que la manipulación de los motores no afecta al CO2, además de que los beneficiarios de las ayudas son los compradores.

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Logo de la compañía alemana Volkswagen Reuters

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La Abogacía del Estado exculpa a Volkswagen de la comisión de una infracción por el fraude de subvenciones al beneficiarse sus coches con motores trucados del plan PIVE-8, dotado de 225 millones de euros aprobado para vehículos eficientes, según lo hizo constar en un informe remitido al Ministerio de Industria.

El abogado del Estado jefe del área de Industria y Energía, José Ramón Mourenza, da dos razones para exculpar a la compañía de cualquier responsabilidad. La primera razón que ofrece es que la manipulación de los motores provoca la ocultación de la emisión real de óxido de nitrógeno mientras que las ayudas del plan PIVE sólo hace referencia a las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Por tanto, la instalación del software trucado "no comporta ni puede comportar la comisión de infracción alguna de las tipificadas" en la Ley General de Subvenciones. 

En un informe fechado el pasado 7 de octubre, y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el abogado del Estado señala que para que incurra en infracción tiene que haber existido "falseamiento de las condiciones requeridas para el acceso a la ayuda, ocultación de las que la hubieren impedido o incumplimiento del objetivo de las ayudas o de las obligaciones o compromisos adquiridos por el beneficiario, circunstancias éstas que no cabría apreciar en el supuesto examinado atendida la ya referida omisión de toda referencia en el Real Decreto 380/2015 al nivel de emisiones de óxidos de nitrógeno".

Los compradores, únicos responsables

La segunda razón que esboza el abogado, en un informe entregado al director general de Industria y Pyme, es que las ayudas son concedidas al comprador y no al fabricante y, por tanto, al menos que los adquirientes de los coches tuvieran conocimiento del fraude, no se les puede reclamar el dinero.

La ley establece como único responsable, "como es lógico", al propio beneficiario de la ayuda, es decir el comprador. "Y es evidente que, por mucho que quepa calificar de manifiestamente dolosa la conducta del fabricante consistente en instalar el ya referido software en los vehículos objeto de este informe, dichos beneficiarios eran absolutamente ajenos e ignorantes de tal circunstancia, por lo que no concurriría en modo alguno el indispensable elemento subjetivo de imputación", recoge el documento. 

El abogado del Estado se pregunta si en todo caso se podría pedir la devolución de las ayudas a los beneficiarios. Rechaza esa opción porque el software manipulado no afectada a las emisiones de COy por tanto no se ha incumplido la ley.

Deja la puerta abierta a la sanción

Con todo y con esto, el abogado no descarta que pueda haber "responsabilidad sancionadora" de otra índole ajena a las ayudas del plan PIVE-8. "Por dicha vía pudiera llegar a ser hipotéticamente exigible al fabricante la indemnización del montante de las ayudas concedidas a los vehículos afectados por la praxis descrita en el oficio de petición de informe".

Este documento consta en el sumario abierto en la Audiencia Nacional y en el que se investiga a la compañía por fraude de las subvenciones y contra el medio ambiente. El documento consta en el expediente remitido por el propio Ministerio de Industria, y en el que también se recogen las cartas cruzadas entre el ya ex ministro, José Manuel Soria, y los principales directivos de la compañía, quienes comprometían la inversión en España a que el Gobierno levantara las sanciones al grupo automovilístico.

VW aseguró que no afectaba al CO2

En el caso del fraude de las subvenciones, el abogado del Estado emite el informe tan sólo un día después de que Industria recibiera una carta de la compañía en el que aseguraba que la manipulación de los motores no afectaba a las emisiones de CO2.

Según consta en el expediente, la secretaria general de Industria, Begoña Cristeto, remitió una carta, fechada el 5 de octubre de 2015, al gerente de Relaciones Gubernamentales de SEAT S.A., Ciriaco Hidalgo, en la que le reclamaba que enviara la argumentación administrativa y técnica necesaria que justificara que el problema de los motores EA 189 únicamente afecta a las emisiones de óxidos de nitrógeno.

Al día siguiente, el responsable de la compañía respondió para confirmar, "a la espera de una verificación definitiva", que "a día de hoy podemos confirmaros que el problema de los motores no está relacionado con las emisiones de CO2". Al día siguiente de estas respuesta, la Abogacía del Estado emitía su informe.