Cataluña

Un escudo para proteger a los funcionarios del reto secesionista

El sindicato CSI-F y los que representan a los Mossos activan protocolos, seguros y asesores contra órdenes ilegales

Mosso d'Esquadra.

Mosso d'Esquadra. Getty

La espada y la pared. La espada es la posibilidad de incurrir en un delito de rebelión o sedición. La pared, ser suspendido de empleo y sueldo. Esa es la situación en la que se pueden ver los funcionarios dependientes de la Generalitat de Cataluña por órdenes que reciban encaminadas a dar término al proceso de desconexión del Estado español, reactivado desde el Parlamento de Cataluña por el reciente acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP.

Ante tal disyuntiva, los sindicatos con presencia en Cataluña han reaccionado. Los sindicatos mayoritarios entre los Mossos d'Esquadra han dado directamente la indicación de no cumplir con acciones fuera de la ley. En el caso de estos funcionarios, que representan 17.000 trabajadores de los alrededor de 150.000 que dependen de la Generalitat, les ampara la propia Ley de la Policía Catalana, en la que se establece expresamente la obligación de obediencia a la Constitución y al Estatut.

Para el resto, pero especialmente para los que desempeñan funciones ligadas a la recaudación de impuestos cedidos, que podrían ser reclamados para dar forma a la Agencia Tributaria catalana; y los que desempeñan labores en áreas de Trabajo, que podrían ser objeto de una convocatoria de traslado a una futura Seguridad Social, el sindicato de funcionarios CSI-F ha armado lo que pretende ser un escudo protector.

Incluye un protocolo de actuación a seguir al recibir órdenes que puedan ser ilegales, el refuerzo del número de abogados que se encargan de la asesoría jurídica de los afiliados en cada provincia (pasan de seis a diez), así como la inclusión en el seguro de los afiliados, contratado con Arag, del supuesto de suspensión de empleo y sueldo por no acatar las citadas órdenes. Dicho seguro cubre el sueldo durante un plazo máximo de 12 meses. 

Todo por escrito

El punto principal es que "cualquier funcionario, cuando reciba una orden cuyo cumplimiento entienda que puede ser ilegal, debe pedir a quien se la ha dado que se la dé por escrito a la mayor celeridad posible". El objetivo, obviamente, es tener constancia suficiente de la orden y "salvaguardar su responsabilidad ante las consecuencias de su incumplimiento". 

La segunda derivada es utilizar esta orden por escrito para "realizar las actuaciones legales contra ella que se consideren oportunas", que pueden ser tanto acudir directamente a la Fiscalía como pedir asesoramiento legal al sindicato.

La Constitución española establece que la Administración actúa con sujeción al principio de jerarquía, mientras que los artículos 54.3 y 95.i del Estatuto Básico del Empleado Público establecen la obligatoriedad de cumplir las órdenes. En caso de no hacerlo se incurre en responsabilidad disciplinaria salvo que la orden constituya una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. Esa infracción hay que demostrarla, de ahí la importancia de tener la orden por escrito. En este caso son los juzgados de lo contencioso administrativo los que pueden dictar medidas cautelares para suspender la obligatoriedad del cumplimiento de una orden si es declarada ilegal, lo que levantaría la responsabilidad y la sanción disciplinaria.

La rapidez con la que los sindicatos han activado estos escudos no es casualidad. En realidad ya los tenían diseñados pero durmientes a la espera de que fuesen necesarios. Parten del 9 de noviembre de 2015, cuando el Parlament de Cataluña aprobaba (por 72 votos a favor frente a 63 en contra) los nueve puntos de la resolución independentista impulsada por Junts pel Sí y la CUP.

La intención de llevar a término la “desconexión” del Estado español incluía, en el punto quinto, “el inicio, en un plazo máximo de 30 días, de la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública” propias. La Fiscalía de la Audiencia Nacional dictaba, antes de tener resolución por parte del Constitucional, una orden solicitando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le informasen de todos los delitos que pudieran cometerse en caso de que el Tribunal Constitucional invalidara y dejase sin efecto la declaración, hecho que ocurrió el 11 de noviembre. Ante este riesgo, se crearon los planes de protección de funcionarios. 

El CSI-F cuenta con 7.000 afiliados en Cataluña. El presidente provincial de Barcelona y coordinador en Cataluña del sindicato, Joan Escanilla, explicó a EL ESPAÑOL que en 2015 incrementaron el número de afiliados en la comunidad autónoma más de un 12%, a resultas sin duda, opina, de los riesgos del proceso secesionista.