Economía colaborativa

El millonario pacto de Uber en EEUU reabre el debate sobre el 'falso autónomo'

Empresas españolas esperan una directiva europea para avanzar en la regulación de las plataformas.

Uber pagó 100 millones de dólares.

Uber pagó 100 millones de dólares.

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Cien millones de dólares y una patada hacia adelante al balón. Uber ha llegado a un acuerdo con conductores en dos estados de EEUU para evitar el pronunciamiento de un juez sobre uno de los mayores dilemas de la economía colaborativa: ¿asalariados o autónomos? En España, este millonario pacto reabre el debate sobre la figura del falso autónomo en estas plataformas digitales y la necesidad de regular su actividad. Las empresas del sector esperan que la Comisión Europea publique una directiva este año para tener una base con la que establecer unas reglas de juego comunes.

Muchos ojos estaban puestos en este proceso judicial que se ha dado en los estados de Massachusetts y California, al ser el que mayor número de demandantes tenía, por encima de los abiertos en Florida, Arizona o Pennsylvania. Finalmente, no ha sido un juez quien ha determinado si los 385.000 conductores que denunciaron realmente ejercían como empleados asalariados o como autónomos colaboradores. La empresa decidió pagar para evitar una sentencia y esquivar así una posible catalogación como trabajadores, lo que habría disparado sus gastos de personal y puesto en peligro su modelo de negocio.

Es la primera batalla frenada, aunque no va a ser la única. Pero ha tenido consecuencias en forma de concesiones por parte de la empresa estadounidense. No podrá expulsar a conductores de su plataforma por no aceptar trabajos, aunque tal y como publicaba la pasada semana el diario norteamericano The New York Times deja la puerta abierta a que, pese a esos cambios, sigan siendo calificados como trabajadores.

Un problema legal en España

Mientras eso sucede, la empresa en España descarta que haya un problema similar con el modelo actual de licencias VTC (vehículos con conductor privado) en Madrid. Sus chóferes son autónomos o empleados de otras empresas subcontratadas. Su portavoz, Yuri Fernández, afirma a este medio que ni les piden exclusividad (pueden trabajar para otras plataformas de transporte), ni un horario mínimo de trabajo. Sin embargo, la Inspección de Trabajo de Cataluña concluyó en junio del año pasado que los chóferes de la compañía sí son empleados y que debería haberles dado de alta en la Seguridad Social. ¿No ha habido inspecciones efectivas a partir de ahí para ver si se ha cumplido ese dictamen en el informe? Según él, no las ha habido.

Hemos querido ser muy conservadores y eso nos lleva a dar un peor servicio a los clientes

Más allá del caso de Uber, es evidente que en España sigue habiendo un problema. No pocas de estas plataformas, que ponen en contacto a profesionales independientes con usuarios, podrían estar en una situación similar a la que está Uber en esos estados norteamericanos. Especialmente porque no existe una normativa clara. “Es cierto que la ley que determina la relación laboral de los autónomos con las empresas es bastante ambigua”, reconoce Remo Domingo, director y fundador de iAsesoría.

En concreto, existen dos condiciones indispensables para que un trabajador autónomo sea considerado empleado. Una es la dependencia y la otra la ajenidad. Para que ambas se cumplan hay requisitos que, en no pocos casos, son bastante ambiguos y subjetivos. “No hay una regla única ni clara, sino que se basa en una serie de indicios”, apunta Ramón Blanco, fundador de etece.com y miembro promotor de la asociación que engloba a las empresas de este sector, Sharing España.

Antecedentes problemáticos

En este contexto, hay compañías que han decidido ser conservadoras para evitar problemas legales. En el caso de etece.com, una plataforma que pone en contacto profesionales con demandantes de tareas de todo tipo, ha sido así. Blanco apunta que han decidido no sólo asegurarse que quienes cumplen con los servicios son autónomos, sino que no les asignan tareas (son los usuarios quienes lo hacen en última instancia), no les marcan horarios, ni les obligan a llevar signos distintivos de la empresa. “Hemos querido ser muy conservadores y eso nos lleva a dar un peor servicio a los clientes”, reconoce Blanco.

Hay otras compañías que han sufrido serias dificultades en este sentido. Una de ellas es Eslife, una compañía que une oferta y demanda de limpiadores a domicilio. Se vio obligada a cerrar las puertas después de que sufriera una inspección de trabajo. Un cerrojazo que puso de nuevo el dedo en la llaga sobre las relaciones laborales en estas nuevas empresas.

Este caso de Eslife, ¿es excepcional o es uno más? Blanco, quien también es uno de los miembros promotores de la asociación de economía colaborativa Sharing España, afirma que no conocen más casos similares de inspecciones así en el panorama español.

Unas reglas del juego “claras”

Ante este escenario, desde las empresas reclaman una regulación “objetiva” para este segmento especial de actividad. “Nos adaptaremos al criterio que fije la administración, pero debe ser claro”, apunta Ramón Blanco. Un límite de horas o de facturación al mes fijado sobre el papel, según él, ayudarían.

Pero esa petición no es fácil de llevar a la práctica. “Es cierto que la ley no restringe elementos pero no se puede adaptar a decenas de actividades económicas distintas”, reconoce Domingo, quien cree que en caso de incorporar todas esas casuísticas particulares de cada plataforma o segmento se convertiría en una normativa “inmanejable”.

Europa debe poner orden

Como sucede en otros casos, todas las miradas están puestas en Europa. Las grandes compañías de este sector han reclamado en este arranque de 2016 una normativa igual para todos los países del continente. El objetivo: dar seguridad en empresas que, en su mayoría, prestan servicios en diferentes mercados.

Habrá que esperar. Según confirma Ramón Blanco, se espera que se publique una directiva de la Comisión Europea a lo largo de este año. Antes, la Unión Europea (UE) publicará unas recomendaciones que serán la base de esa directiva. “Cada país tendrá que trasponerla… Las directivas no sirven para poner negro sobre blanco, pero sí para dar pistas importantes y poner algunas reglas generales”, apunta.

El del falso autónomo es un problema que no ha surgido con estas plataformas. Sólo que con ellas ha nacido una nueva ‘generación’. El caso de Uber en Estados Unidos ha vuelto a reavivar un debate que deberá ser abordado en los próximos meses.