No es un movimiento nuevo, pero lo cierto es que está cogiendo cada vez más fuerza en España. Unos 80.000 consumidores españoles se han unido a las cooperativas que comercializan (y, a veces, producen) energías renovables. La motivación no es el ahorro en la factura, que varía poco, sino contribuir a lograr un cambio de modelo.

"En el mercado habitual, la comercializadora no te da la opción de elegir a qué energía quieres contribuir; en nuestras facturas no aparece el tradicional quesito, sino que es 100% renovable", explica a EL ESPAÑOL Erika Martínez, de la cooperativa Goiener.

Esta asociación actúa desde 2011, sobre todo en País Vasco y Navarra. Sus socios, unos 5.600, forman parte de la cooperativa para contribuir al crecimiento de las energías renovables: sin su aportación, no podrían mantenerse las fuentes de las que se nutren.

Como Goiener, la cooperativa SomEnergia nació en 2010 para producir energía eléctrica en instalaciones de generación a partir de fuentes renovables (sol, viento, biogás, biomasa...) financiadas con aportaciones económicas voluntarias de los socios. Hoy, como líder, gestiona cerca de 45.000 contratos a través de cooperativas locales por toda España.

Pero, ¿qué supone formar parte de una cooperativa de este tipo? Para hacerse socio, hay que pagar una cantidad inicial que ronda los 100 euros: "Si cada persona invierte una pequeña cantidad es posible poner en marcha proyectos de generación a partir de fuentes renovables", apuntan. Cualquier particular, empresa o administración pública puede hacerse socio. Después, se procede al cambio de compañía, aunque no implica cambios técnicos en la instalación, por lo que el procedimiento es sencillo.

Toda la energía "del mismo saco"

Lo que hacen las cooperativas es, como el resto de las comercializadoras, comprar en el mercado la energía eléctrica que sus socios consumen. Para considerarse 100% renovable, las cooperativas deben garantizar que toda la energía que han consumido sus socios tiene que haber sido generada por alguna instalación productora de energía renovable.

¿Cómo? A través de los certificados de garantía de origen de personas o entidades productoras de energía exclusivamente renovable. Estos certificados los expide la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a través del sistema de garantías de origen.

Además, estas cooperativas utilizan la red eléctrica existente por lo que se debe pagar un peaje por utilizarla, concepto que se refleja en la factura de las personas socias. Toda la energía, por tanto, proviene "del mismo saco". El objetivo final de estas asociaciones es que cualquier usuario, viva donde viva, pueda consumir energía verde; entre los usuarios, aumentan la generación de renovable por los proyectos propios de la cooperativa.

El ahorro no es la clave

A pesar de que en las últimas semanas, con las constantes subidas de la luz, estas cooperativas han recibido un gran número de llamadas de interesados, la factura no es más barata. Tampoco necesariamente más cara, sino que "varía poco".

La clave, por tanto, no está en el ahorro, sino en que se invierte en energía verde. "Nosotros, por ejemplo, fijamos una tarifa cada tres meses, pero suele salir muy parecido a las otras comercializadoras", indican desde Goiener.

Mediante el comparador de ofertas de energía, la CNMC permite conocer qué comercializadores realizan ofertas de energía verde, originada a partir de fuentes renovables o de cogeneración de alta eficiencia. En esta página se puede observar cómo, para el cálculo propuesto, SomEnergia da un importe de 632,81 euros, frente a los 690,90 de Iberdrola en su oferta de energía verde.

El portazo del Gobierno a las renovables

Estas cooperativas de energía verde se mantienen para poder generar lo que demandan los usuarios. "El Estado tiene la obligación de ofrecer la energía que se demanda", dicen desde Goiener, por lo que creen que, si crecen, se logrará un cambio de modelo.

No obstante, lo cierto es que, durante la crisis económica, el Gobierno aprobó un real decreto en 2014 y una orden ministerial posterior por los que se aplicó un recorte de cerca de 1.700 millones de euros a las renovables mediante el nuevo régimen retributivo contemplado en la reforma energética del sector eléctrico. Por eso, España acumula gastos en los dos últimos años por casi 9 millones de euros en asesorías externas para defenderse de la lluvia de procesos arbitrales internacionales de inversores por estos recortes.

En concreto, desde marzo de 2015, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, ha contratado servicios de asistencia especializada para estos litigios por 8,72 millones de euros en un total de 18 frentes abiertos.

Además, el organismo ha abierto la convocatoria de dos concursos más para la contratación de asistencia de asesoría externa, compuesta por cuatro lotes por importe de 600.000 euros cada uno, el último de ellos publicado el pasado mes de enero, según los datos recopilados por Europa Press a partir de los registros del IDAE.

España se sitúa así en primera posición en la clasificación internacional de países que más demandas de arbitraje acumulan en su contra por su política energética. En concreto, por 27 demandas ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, en contra de los recortes aplicados a las energías renovables. La posición de España se encuentra a gran distancia del segundo, la República Checa, que suma siete procesos, y de Rusia y Turquía, que se enfrentan a seis cada uno.