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Pensiones: cómo salvar el futuro

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Las últimas noticias sobre la hucha de las pensiones, el déficit de la Seguridad Social, la creciente longevidad de la población española y su invierno demográfico han provocado alarma y preocupación. Pero la discusión parece estar encallada en una fase muy primitiva. Primero, el tema sólo preocupa a una élite. Segundo, dentro de esa élite, una mayoría todavía cree que el sistema de reparto que conocemos, puede sobrevivir con meras reformas. Tercero, el asunto aterra a los políticos.

Las reformas realizadas han sido de diversa entidad. Algunas han buscado clarificar las fuentes de financiación de la Seguridad Social. Otras, que las cotizaciones de los trabajadores dejen de pagar decisiones políticas, como el establecimiento de pensiones no contributivas, que desde un principio debieron pagarse con cargo a impuestos. (¿Por qué sólo los cotizantes deberían ser solidarios y no todos los españoles?) Y otras tenían que ver con la justicia del sistema, es decir, elevar su contributividad, concepto que engloba la idea de que “tanto pones, tanto recibes”.

Esto último es importante ya que entre que se universalizó el sistema y 1985, era relativamente sencillo recibir una pensión: bastaba con cotizar 10 años para tener derecho a ella y ésta, además, se calculaba sobre el salario de los últimos dos años trabajados. ¡Un auténtico chollo! La reforma de 1985 subió a 15 años el mínimo de cotización y a ocho los años de cálculo, pero siguió siendo extremadamente generosa. En 1997 los años de cálculo pasaron de ocho a 15. En 2022, el cálculo de la pensión se hará sobre los 25 últimos años.

Las reformas del siglo XXI

La reforma de 2011 también elevó la edad de jubilación -aunque empezó a aplicarse gradualmente desde enero de 2016-, y la reforma de 2013 introdujo un factor de sostenibilidad y otro de revalorización. Hay expertos que han calculado que con estas dos últimas reformas, la pensión máxima perderá 500 euros al mes en los próximos 30 años. Otros cálculos hablan de un descenso de entre el 15% y el 35%.  

En este asunto siempre se ha estirado más el brazo que la manga. Cada 'reforma paramétrica' ha constatado la quiebra del modelo

Estas supuestas “reformas paramétricas” (1985, 1997, 2011 o 2013) no han sido simples retoques, como quiere hacernos creer el Estado y los partidos dominantes, sino un cambio radical en las condiciones del contrato no escrito que existe entre los trabajadores y la Seguridad Social. Son la prueba de que en este asunto siempre se ha estirado más el brazo que la manga y que el tema de las pensiones está plagado de promesas que cada cierto tiempo el Estado debe romper. En cada “reforma paramétrica” se ha constatado la quiebra del modelo.  

Esta ruina no la hemos percibido porque el Estado -los contribuyentes-, nos hemos hecho cargo de las pérdidas presentes o futuras (compromisos pendientes). Pero nos estamos acercando a un punto en el que el déficit de la Seguridad Social puede convertirse en un problema muy grave para las finanzas públicas. Un asunto que amenaza la viabilidad de un Estado que parece incapaz de reducir su déficit y cuya deuda pública está en el 100% del PIB y subiendo.

¿Es viable el sistema de reparto?

Lo primero que convendría aclarar es si el sistema de reparto es viable tal como está diseñado. Y si lo es, en qué condiciones y qué tipo de pensiones ofrecerá en el futuro. Y si no lo es, qué nos gustaría hacer como país. Esta pregunta debería ser contestada en serio antes de decidir si el déficit de la Seguridad Social se va a cubrir con nuevos impuestos.

La llamada solidaridad intergeneracional es un cuento de hadas si se tiene en cuenta que los jóvenes son pocos y los jubilados muchos

En segundo lugar, es clave determinar qué retorno está ofreciendo el sistema español de pensiones, excluyendo las transferencias ocultas y poniendo precio al enmascaramiento del riesgo moral, antes de optar por una transición hacia un modelo mixto o privado. No hay que perder de vista que la Seguridad Social esconde un trade-off importante que es que las cotizaciones sociales actúan como un impuesto al empleo, con un tipo de 28,3% (el 23,6 procede del empleador y sólo el 4,7 del trabajador). La cuña fiscal española es la 13ª más alta de la OCDE.

Es verdad que en un sistema mixto o privado también habría que destinar un porcentaje del salario para la jubilación, pero un estudio a fondo debería permitirnos evaluar qué modelo tiene costes más altos y mejor rentabilidad. Y debería considerarse la sustitución de la llamada solidaridad intergeneracional, un auténtico cuento de hadas si además se tiene en cuenta que los españoles más jóvenes son muchísimos menos que los jubilados y que, además, no tienen trabajo y cuando lo tienen sus bases de cotización son mucho menores.   

El valor de cambiar de sistema: salvar el futuro   

Se dice que cambiar de sistema sería costoso. Pero no se visualizan las ventajas que tendría. Por ejemplo, podría decidirse que todos los jóvenes sin experiencia laboral que accedan a un contrato de trabajo a partir del 1 de enero de 2017 no tendrán que hacer frente a las cotizaciones sociales y dejarían de aportar a la Seguridad Social a cambio de prometer que destinarán un porcentaje de su sueldo (un 15% o 20%, por ejemplo) a planes de ahorro voluntarios para la jubilación con un tratamiento fiscal excepcional. Esto haría mucho más atractivo contratar a estos trabajadores y probablemente sus rendimientos salariales acabarían siendo más altos. Sus capitales elevarían poco a poco la tasa de ahorro privado.

¿Qué se hizo el dinero del primer cotizante? Probablemente sufragó gastos que no tenían nada que ver con pensiones

Pero una decisión así pondría de manifiesto que varias generaciones de españoles han sido engañadas, porque el dinero que han aportado no es más que un mero apunte contable y fue utilizado para pagar las pensiones de otros. ¿Qué se hicieron las cotizaciones del cotizante primigenio? Es probable que, cumpliendo con su función de servir de centrifugadora del riesgo moral en la sociedad, el Estado lo empleara para sufragar otros gastos que no tenían nada que ver con pensiones.

Y junto a esta triste constatación, el Estado tendría que diseñar una operación de marca mayor para financiar las pensiones de quienes ya hubiesen cotizado. Pensiones que, claro está, sufrirían una merma importante y dolorosa frente a las expectativas creadas. Ahí podría encajar una propuesta como la que ha hecho la ministra de Empleo de simultanear el cobro de la pensión con prolongar la vida laboral. Y para quienes no puedan prolongarla y dado que un porcentaje muy alto de los españoles son propietarios de su vivienda, se podrían crear soluciones financieras similares a la llamada "hipoteca inversa".

Es un planteamiento mejorable, pero, al menos, tiene la virtud de que las generaciones jóvenes saldrían del círculo vicioso en el que estamos, salvarían sus ahorros, tendrían empleo y sus pensiones capitalizadas, en vez de ser un apunte contable en la Seguridad Social, contribuirían a un mayor crecimiento de la economía española.