El dueño, en prisión

Javier Botín ofrece 1 euro por la marca Vitaldent y 18,5 millones por la empresa

El presidente de JB Capital ofrece quedarse con todo el negocio de Colman a precio de derribo.

Javier Botín, presidente de JB Capital.

Javier Botín, presidente de JB Capital. Efe

Javier Botín, presidente de la gestora JB Capital Markets, pretende quedarse con todo el Grupo Vitaldent por 18,5 millones de euros. Esta es la propuesta que ha presentado en la Audiencia Nacional y que sólo está pendiente de que el juez Eloy Velasco de el visto bueno a esta operación. El grupo dental está bajo administración judicial desde el pasado mes de febrero cuando el dueño, Ernesto Colman, y sus máximos colaboradores fueron detenidos por numerosos delitos, como el haber utilizado las clínicas para blanquear ingentes cantidades de dinero o haber estafado a sus franquiciados con contratos abusivos.

Ahora, la gestión de todo el Grupo Vitaldent, con más de 200 clínicas instaladas por todo España, además del negocio implantando en Italia, está controlado por un administrador judicial. Sin embargo, esta situación podría cambiar si los planes del hijo del expresidente del Banco Santander, Emilio Botín, salen bien.

Valorado en más de 300 millones

Esta cantidad dista mucho de los 300 millones de euros -y hasta 750 millones- que estuvo apunto de obtener Colman con la venta de todas sus clínicas a un fondo de capital riesgo ante las sospechas de que la Justicia podía ir contra él. Su hubiera salido la operación, el dueño de Vitaldent hubiese ingresado el dinero en Luxemburgo, lejos de la Justicia española.

En ese caso, la operación no se llegó a producir, según un informe policial que consta en la causa, por las dudas que le surgía al comprador en la contabilidad de la empresa. Existían problemas para cuadrar la “caja” con la contabilidad de la empresa, entendiendo por “caja” el dinero en efectivo.

Ahora Colman tiene una segunda oportunidad aunque por un precio mucho menor. Previo acuerdo con el propio Colman, actualmente en prisión incondicional, JB Capital estaría dispuesto a adquirir todo el negocio de Grupo Vitaldent en España e Italia, “mediante la compra de activos y la asunción de pasivos (que a fecha de 31 de mayo de 2016 ascendían a 296 millones de euros), por el precio de 18,5 millones de euros”, tal y como consta en el contrato de compraventa presentado ante el Juzgado y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Del escrito se desprende que Botín ya tiene el visto bueno del Grupo Vitaldent, dirigido hasta su ingreso en prisión por Colman. Así, el conocido como 'Mc Dentist' por el gran negocio que hizo con la odontología, cedería la marca por 1 euro, con lo que Vitaldent como tal desaparecería para pasar a ser Nueva VD.

En el precio propuesto, va incluido un crédito puente que se dio a Vitaldent de 7,5 millones de euros por sus problemas de tesorería, aprobado por el administrador judicial, a través de la financiera Savia Financiación S.A., y que ahora JB Capital aflora que es suya. De la cantidad ofrecida además hay 5 millones de euros que se pagarán siempre y cuando en 2018 el negocio de las clínicas por lo menos se iguale al conseguido en el año 2015, antes de la operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF).

Perpetuación del delito

Botín explica al juez que al negocio de España iría 4,5 millones de euros mientras que al de Italia 1,5 millones de euros. Ahora bien, los franquiciados que acepten formar parte de la Nueva VD tendrán que renunciar “expresamente” a “las acciones legales de cualquier tipo que dichos interesados tuviesen derecho a interponer frente al Grupo Vitaldent y sus accionistas”.

Según el contrato, habría 148 clínicas dispuestas a aceptar el cambio y formar parte del Nuevo VD. “Dicha propuesta incluye además la renuncia total por parte de dichos franquiciados a acciones legales frente al Grupo Vitaldent y sus accionistas. De esta forma, se preservaría el patrimonio personal de los investigados frente a potenciales reclamaciones de estos franquiciados, manteniéndolo para cubrir potenciales contingencias que puedan surgir de la causa penal”, recoge la propuesta.

Sin embargo, hay más de medio centenar de franquiciados que se niegan y que de aceptar el juez esta propuesta quedarían desamparados. Los franquiciados que se oponen entienden por un lado que deben ser indemnizados y por otro lado sostienen que el negocio como está planteado no puede seguir, dado los abusos en el contrato.

Una de las cláusulas del contrato presentado por JB apunta a que la Nueva VD asumiría los contratos firmados con los franquiciados. El problema es precisamente el contenido del contrato. Tal y como consta en la causa, Colman habría hecho firmar a los franquiciados la obligación de comprar el material de las clínicas a Vitaldent o el pago de un porcentaje para que fuera destinado a publicidad, entre otros puntos.

Sin embargo, y así versa en la denuncia, el propietario habría abusado en esas cláusulas dado que el material lo vendía a sus propios franquiciados a un precio superior al mercado y todo el dinero destinado a publicidad realmente no iba destinado a ese fin sino a su beneficio propio.

Por lo tanto, franquiciados personados como acusación en la causa judicial se oponen a la venta del grupo a Botín porque de seguir sus contratos tal y como están a día de hoy sería, a su juicio, perpetuar la estafa.

Urgencia en la venta

Botín pide al juez que resuelva con máxima urgencia y nunca después del 30 de septiembre dado que el grupo está en riesgo, según él, de entrar en concurso de acreedores. A pesar de que en su contrato depende 5 millones de euros a que el negocio por lo menos se mantenga igual que en 2015 -antes de que se destapara el escándalo-, JB reconoce que los problemas de tesorería de Vitaldent, además de “la grave pérdida de pacientes, el potencial abandono de la mayoría de sus franquiciados si no se encuentra una solución que aporte viabilidad al grupo y la depreciación del valor de la marca que el citado proceso concursal implicaría”.

Según explica, el crédito puente concedido sólo ayuda para pagar las nóminas y cubrir los gastos de tesorería de agosto y septiembre pero si el juez no resuelve antes de que comience el siguiente mes, el grupo va a necesitar otro crédito o tendrá que entrar en concurso de acreedores. Botín defiende su proyecto y alega que ha sido la elegida por los posibles vendedores entre 59 propuestas, después de que éstos buscaran inversiones independientes interesados en el grupo, aunque no se señala quiénes son.

“Como consecuencia de la situación financiera límite en la que se encuentra el Grupo Vitaldent y de no adoptarse medidas urgentes, existe un alto riesgo de que acabe en una situación concursal, con una significativa pérdida de puestos de trabajo (cuenta con 1.468 empleos directos y aproximadamente 3.000 empleos indirectos, incluyendo su red de franquicias) y un grave perjuicio a los pacientes (con tratamientos en curso por valor, aproximadamente, de 54 millones de euros en España y 22 millones de euros en Italia), para los proveedores, para los acreedores y, en general, para terceros con legítimos intereses del grupo”, añade el escrito.

32 millones de inyección

Las bondades que JB muestra al juez es que en caso de aprobar la operación, la compañía prevé aportar capital y financiación a Nueva VD por un importe de hasta 32,5 millones de euros “para superar la actual situación de tensión de tesorería y facilitar la continuidad en la actividad del negocio, el mantenimiento del máximo número de los actuales puestos de trabajo y la prestación de los tratamientos pendientes a los pacientes”.

Lo que no asume JB son las eventuales responsabilidades penales o civiles derivadas de los hechos presuntamente delictivos cometidos por los accionistas y antiguos gestores del Grupo Vitaldent “que la Nueva VD ni puede ni quiere asumir”.

Con esta operación también está de acuerdo el principal acreedor de Vitaldent, Intermediate Capital Group (ICG). Su actual situación acreedora asciende, según JB, a 113 millones de euros. Sin embargo, Botín está dispuesto a asumir 55 millones de euros de la deuda y el resto quedaría condonado.

Alteración de la autorización judicial

Franquiciados personados como acusación en la causa seguida ahora en la Audiencia Nacional se han opuesto a esta propuesta por varios motivos. Uno de ellos es que cuando el administrador judicial aprobó la concesión del préstamo puente por parte de Savia Financiación, se explicó que la segunda fase de la operación sería la compraventa de determinados activos pero manteniendo el actual Grupo Vitaldent.

“Se produce pues una alteración sustancial de los términos que sirvieron de base para la autorización judicial de la suscripción del préstamo puente”, recoge el escrito presentado en el Juzgado. Por otra parte, rechazan el planteamiento de JB de que la subrogación de los franquiciados en su nuevo negocio supone una liberación económica para Vitaldent. “Esta parte disiente totalmente y ello por cuanto los contratos de franquicia suponen un verdadero y autónomo activo que constituye el otro propio de la actividad y cuya valoración económica supera con creces el precio fijado en la propuesta de 18,5 millones de euros”, añade.