Recuento Electoral

El Gobierno se salta el concurso al preconceder a la semipública Indra el recuento del 26-J

Lo tramita por ‘procedimiento negociado’ y obvia al ganador de las elecciones de diciembre, aunque afirma que la adjudicación no es definitiva.

Mujer depositando su voto en las pasadas elecciones de diciembre.

Mujer depositando su voto en las pasadas elecciones de diciembre. Getty Images

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Pasar de ser “la oferta más ventajosa para el interés público” a perder el contrato del año en España a manos de tu mayor rival. Y sin concurso de por medio. Eso es lo que le ha pasado al consorcio integrado por la catalana Scytl y la madrileña Tecnocom, que llevaron a cabo el escrutinio de los votos de las pasadas elecciones generales celebradas el 20 de diciembre.

Ahora, la cita electoral de junio contará con la tecnología de Indra, la compañía que ha preseleccionado el Gobierno. La adjudicación, aún no definitiva, por parte del Ministerio de Interior se ha ejecutado de un modo inusual en este tipo de contratos: con un “procedimiento negociado”. Este consiste en invitar a varias compañías, negociar con ellas para posteriormente elegir la mejor propuesta. Y el beneficiado, esta vez, ha sido Indra, según adelantó El Confidencial, de la que el Estado controla el 20,1% del accionariado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (la SEPI).

El Ministerio del Interior argumenta que aún es “un procedimiento contractual en tramitación”. No lo dan por concluido, a pesar de que fuentes conocedoras de las negociaciones lo confirman a EL ESPAÑOL. “La adjudicación de un contrato en el sector público no termina hasta que no concluyen todos los trámites”, indican fuentes del ministerio encabezado por Jorge Fernández Díaz. “El contrato del escrutinio no ha terminado la tramitación porque aún no existe un adjudicatario”, remarcan.

Falta de tiempo

Este medio ha tratado de ponerse en contacto tanto con Scytl como con Indra. La primera, no ha respondido. La segunda, no ha querido confirmar la preadjudicación y se remite a la información que pueda ofrecer el Ministerio del Interior.

Interior sí reconoce la falta de concurso. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no da tiempo. Sin embargo, tampoco se ha elegido una tramitación del expediente por vía de urgencia. Por eso invitó a las empresas que participaron en el concurso de las elecciones de diciembre.

Este nuevo contrato se hace sin concurso porque la ley de contratos del sector público lo permite “cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación (...) demanda una pronta ejecución del contrato”.

Así, no hay concurso ni pliego de condiciones público. Sólo se le comunicó a las empresas. No se sabe el importe del contrato. El procedimiento negociado funciona invitando a varias empresas, se les solicita que realicen una oferta y, siempre que sea posible, tienen que participar más de tres candidatos. En este caso, así fue. Concurrieron más, según las citadas fuentes. Al final, sólo quedaron dos, una de ellas, Indra.

El doble papel de accionista y juez

La Ley de contratos públicos establece que en este tipo de procedimientos “durante la negociación, los órganos de contratación velarán porque todos los licitadores reciban igual trato”. No puede haber fugas de información. “En particular no facilitarán, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto”.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presenta el balance sobre corrupción.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presenta el balance sobre corrupción. EFE

Indra, en este caso, se ha impuesto a sus competidores por realizar “una fuerte rebaja de precio”, de acuerdo a las fuentes conocedoras de la negociación. En el proceso, según la ley, sí se puede hablar con los licitadores para que adapten sus ofertas a los requisitos “con el fin de identificar la oferta económicamente más ventajosa”. Si sirve como referencia, Scytl y Tecnocom se hicieron con el contrato del 20-D por 11,85 millones, según la adjudicación publicada en el BOE. Rebajó el precio propuesto en el concurso en casi 2,5 millones.

Ese anterior contrato se adjudicó al consorcio casi dos meses antes de la cita electoral. La adjudicación se publicó en el BOE el 24 de octubre. El concurso, se convocó tres meses antes, el 25 de julio, a pesar de que la fecha de las elecciones se anunció el 2 de octubre. Entonces, como sí hubo pliegos, se pudo saber qué peso tuvo la oferta económica y cuánto la técnica. La primera pesó un 80%. Y la oferta técnica, un 20%.

Antecedentes: un polémico concurso en 20-D

Este proceso estuvo salpicado por la polémica pues el ministro Jorge Fernández Díaz decidió despedir en septiembre de ese año 2015 a tres funcionarios por filtrar presuntamente información privilegiada sobre el concurso. El escándalo obligó a redactar de nuevo los pliegos para poner en marcha de nuevo el proceso.

Esta adjudicación cayó como un jarro de agua fría en la empresa presidida por Fernando Abril-Martorell. La respuesta no se hizo esperar y presentó un recurso. El clavo ardiendo al que se agarraban: ¿Realmente iba a contar con infraestructura tecnológica suficiente? Fue rechazado.

Para la empresa semipública, esta adjudicación fue un duro golpe. No tanto por la cantidad de dinero (representa una parte minúscula de los 2.800 millones de euros que generó de ingresos en 2015) sino por lo que significaba. Desde los años 90, a través de su actual y anteriores marcas, siempre había sido la adjudicataria. Entre los comicios del 96 hasta los celebrados en 2011 ingresó más de 50 millones con estos contratos.

Esa noche en el 20-D todos los focos estaban sobre la compañía. La presión era máxima para las dos nuevas adjudicatarias. Máxime cuando en todos los simulacros previos durante las dos semanas anteriores a la votación se registraron fallos destacados. Sin embargo, el resultado fue un recuento sin grandes problemas técnicos. No sólo con el envío y recepción de datos importantes, sino con la recepción del número de escaños o porcentajes de voto. Scytl señalaba como excusa la premura con la que se vieron obligados a preparar toda la infraestructura. Los recursos presentados por Indra hicieron que sólo contaran con diez semanas para esta tarea.

Quiénes son Indra y Scytl

Indra es una compañía que surgió a principio de los años 90. Es el resultado de la fusión entre la compañía privada Ceselsa y el grupo público Inisel. Hoy, la compañía tiene entre sus accionistas al Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 20% (se lo compró a Bankia), y otros gigantes como Telefónica. El pasado año registró unas ventas de 2.800 millones de dólares, lo que supone una caída del 3% respecto al año anterior. ¿Y los beneficios? Unas fuertes pérdidas de 81 millones. El pasado año aprobó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 1.750 trabajadores.

Scytl es una compañía tecnológica fundada en 2001 por el experto pionero en el voto electrónico Andreu Riera fallecido en 2006 en un accidente de tráfico. Hoy la compañía, liderada por Pere Vallés, es una de las principales empresas en el segmento de la tecnología electoral. En 2014 logró el mayor respaldo en forma de financiación: 104 millones de dólares. Esa inyección de capital abría la puerta a grandes fondos de inversión internacionales (ya contaba en su accionariado con entre los que encuentra Vulcan, este último fundado por el cofundador de Microsoft).

En 2014, último año con cifras presentadas, la matriz de la tecnológica catalana ingresó 25,5 millones de euros (29,6 millones el año anterior). A esta cantidad hay que sumar lo que generan otras cuatro compañías. La caída hay que achacarla al cambio de modelo de negocio al apostar por uno basado en la suscripción de soluciones tecnológicas con el objetivo de hacer más recurrentes sus ingresos de cara a su futura salida a bolsa. De cara al futuro, su objetivo es aterrizar en la bolsa estadounidense en 2017. Para el pasado 2015, esperaban un incremento de ventas de hasta el 90%, mientras que para los siguientes años se cifraba en más de un 30%.