ajuste de cuentas

El coste del voto en España

Calcular todos los costes que inciden en un proceso electoral no es fácil. ¿Cuál es el valor del tiempo que un ciudadano dedica a formar parte de su mesa electoral el día de la votación? ¿O de las cinco horas libres que puede disfrutar al día siguiente? ¿Y el coste de elaborar el padrón electoral, responsabilidad del INE, pero donde intervienen todos los municipios de España?

En general, los expertos han descubierto que en los países con tradición democrática las elecciones son menos costosas que en los países donde votar es una novedad. Hay bajos costes electorales (entre 1 y 3 dólares por elector) en países como Estados Unidos y en la mayoría de Europa Occidental. En países con menos experiencia los costes tienden a ser más altos: Lesotho ($6,9) y Liberia ($6,1) por ejemplo, o Rusia ($7,5), según datos del Ace Project (Red de Conocimientos Electorales). Por lo tanto, la duración de la práctica es en sí misma un mecanismo de reducción de costes.

Este último punto es discutible en España donde la burbuja inmobiliaria coincidió con un notable incremento del coste del voto. En un informe del sociólogo Rafael López-Pintor fechado en 2004 para el proyecto CORE (Costos del Registro y las Elecciones) patrocinado por la ONU, éste señalaba que se había producido “un importante crecimiento del presupuesto global electoral en los últimos ocho años, con un incremento del 20,4% sólo en los últimos cinco años. El costo por inscrito creció de $2,1 en 1996 a $4,1 en 2004”. En ese mismo periodo de tiempo el padrón electoral creció sólo un 10% pasando de 31,4 millones en 1996 a 34,5 millones en 2004.

Una de las razones de este aumento fue la incorporación de España al euro. Como la mayoría de las comparativas del coste por votante registrado se encuentran en dólares, el autor estimaba que un 25% del coste por votante estaba “inflado” por factores contables. Sin embargo, López-Pintor ya llamaba la atención sobre el importante gasto que se realizaba en Correos y Telecomunicaciones, y manifestaba su escepticismo sobre que el gasto se redujera. Apuntaba, sin embargo, cuatro vías por dónde se estaban practicando reducciones de costes: una era el ahorro en papeletas de voto y sobres que pasó de 1,6 pesetas a 0,60 por voto entre los años 80 y los 90, otra era la reducción de las campañas institucionales para informar al votante, la tercera consistía en descentralizar el procedimiento de elaboración del presupuesto y la cuarta, sustituir las urnas de plástico por otras de cartón desechable (un 30% de las urnas son irrecuperables tras una votación).

Respecto de las papeletas y sobres de voto, en 2013 la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) sancionó con multas millonarias a 15 fabricantes españoles de sobres de papel, entre ellos los que se usan en las votaciones, por haberse coludido en el precio de estos productos entre 1977 y 2010. El cártel operó prácticamente durante toda la Transición democrática. El caso fue analizado en el blog Nada es gratis.

Los datos indican que el peak de gasto electoral institucional (no se considera aquí el gasto adicional en los partidos) se alcanzó en las elecciones de 2004 que reseñó López-Pintor con un coste de poco menos de 4 euros por inscrito. En las elecciones generales de 2008 el presupuesto rondó los 132 millones, lo cual suponía 3,7 euros por inscrito. Ya en los comicios de 2011 se produjo una reducción hasta 125 millones: 3,5 euros por inscrito. Y en 2015 el gasto en la jornada del 20-D fue de 130 millones, lo que arroja una ratio de 3,6 euros por inscrito.

Lo que sigue pareciendo exagerado es el gasto en Correos, de 48 millones de euros en las elecciones de diciembre pasado cuando, además, hubo numerosas quejas entre los residentes en el extranjero que se quejaron por no haber podido votar. Parece evidente que la costumbre de enviar el voto a casa podría ser revisada y suponer un ahorro importante.